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A un mes de las intervenciones dispuestas por el Ejecutivo, operativos de control digital y fiscalización frenaron el contrabando hacia el mercado negro, detectaron consumo anómalo en vehículos a GNV y dejaron decenas de aprehendidos y vehículos incautados.
02/10/2026 17:54
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A un mes de la intervención dispuesta por el Ejecutivo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las autoridades del sector presentaron un balance de los operativos de fiscalización. Mediante el uso de herramientas digitales de control, el Estado logró resguardar más de 14,43 millones de litros de carburantes que pretendían ser desviados al mercado negro.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, junto al viceministro de Transparencia, Yamil García, informaron sobre las acciones desplegadas, destacando el bloqueo preventivo de placas de vehículos involucrados en carguíos irregulares mediante el sistema B-SISA, así como la agilización de autorizaciones de importación —reducidas a 48 horas— que posibilitaron la emisión de 37 nuevas licencias de comercialización y consumo propio en septiembre.
Redes ilícitas desviaban gasolina mediante vehículos a GNV
Las autoridades alertaron que, tras la eliminación de la subvención al diésel, las redes de contrabando reorientaron su modus operandi hacia la gasolina.
A través del monitoreo en tiempo real, la ANH detectó que diversos motorizados adaptados a Gas Natural Vehicular (GNV) incrementaron irracionalmente sus cargas de gasolina para revenderla de manera ilegal. Mientras un vehículo regular de transporte público a gasolina consume un promedio de 110 litros al mes, se registraron motorizados a GNV cargando hasta 337 litros en el mismo periodo (más del triple de lo habitual).
"Advertimos a los usuarios que los estamos vigilando. Vehículo que presente consumo irracional será bloqueado del sistema y los conductores o propietarios serán remitidos al Ministerio Público", aseveró el ministro Blanco durante una demostración en vivo del bloqueo digital de placas.
Entre los casos emblemáticos se citó una investigación iniciada en Potosí contra una vagoneta Toyota Land Cruiser cuyo tanque tiene una capacidad máxima de 96 litros, pero llegó a registrar cargas de hasta 215 litros en múltiples ocasiones durante un mismo día. El vehículo ya fue bloqueado por la ANH y se presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en Potosí y Trinidad.
Cárcel, decomiso de bienes y cierre definitivo a surtidores cómplices
En el ámbito legal y operativo, el viceministro Yamil García detalló que durante este primer mes se logró la aprehensión en flagrancia de 31 personas, el decomiso de 24 vehículos vinculados a los hechos investigados y la identificación de 8 motorizados con tanques adulterados.
Respecto a las sanciones estipuladas en el Código Penal (Art. 226 Bis), las penas contemplan de 3 a 6 años de prisión por el almacenamiento o comercialización no autorizada de carburantes, además del decomiso de los bienes e instrumentos utilizados. Por su parte, quienes incurran en la compra o adquisición de combustibles provenientes de revendedores ilegales se enfrentan a penas de 2 a 4 años de cárcel.
Asimismo, la advertencia se extendió a los surtidores: las Estaciones de Servicio implicadas en la alteración de volúmenes o facilitación del desvío de hidrocarburos no solo recibirán una suspensión temporal de 10 días ante una primera infracción, sino la pérdida definitiva de su licencia de funcionamiento y procesos penales por complicidad si reinciden o se demuestra su participación en estos delitos. El Gobierno ratificó que mantendrá los controles de manera estricta e ininterrumpida.