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A pesar de la gravedad de los delitos y de registrar antecedentes por violencia y estafa desde 2017, la justicia benefició al agresor con medidas sustitutivas.
10/08/2026 23:06
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Una determinación judicial ha provocado indignación en la población tras conocerse que un juez otorgó detención domiciliaria a un pastor evangélico acusado de violar, agredir físicamente y provocar la interrupción del embarazo de su concubina a causa de los golpes propinados.
La víctima denunció al sujeto por agresiones físicas, psicológicas y abuso sexual. Pese a los elementos presentados y al alto riesgo procesal que implica la gravedad de los cargos, la autoridad jurisdiccional optó por aplicar la medida sustitutiva a la detención preventiva, permitiendo que el imputado permanezca en su domicilio mientras se desarrolla el proceso legal.
El fallo judicial resulta aún más cuestionable al revelarse que el acusado no es un delincuente primario. Según los registros del historial penal del agresor, el sujeto acumula denuncias formales por diversos delitos desde hace varios años:
Octubre de 2017: Procesos abiertos en su contra por los delitos de estafa y estelionato.
Mayo de 2021: Denuncia por violencia intrafamiliar y doméstica interpuesta por su exesposa.
A este prontuario se suma ahora la grave imputación por violencia física, agresión sexual y el aborto provocado a su actual pareja, hechos que forman parte de la investigación que la Fiscalía lleva adelante.
La concesión de la detención domiciliaria ha reavivado las críticas de colectivos y de la ciudadanía respecto a la efectividad de las medidas cautelares en casos de violencia de género. Agrupaciones de defensa de los derechos de la mujer advierten sobre el riesgo en el que queda la víctima y cuestionan la valoración del juez al beneficiar a un sujeto con antecedentes recurrentes de agresión.
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