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La norma redefine qué nivel de gobierno debe financiar los prediarios, el funcionamiento del régimen penitenciario y el bono de vacunación, liberando a las gobernaciones de estas obligaciones a partir de la gestión 2026.
30/09/2026 15:31
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El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley 436 de Retorno Económico, que establece los niveles de gobierno responsables de financiar determinadas obligaciones vinculadas al régimen penitenciario y al bono de vacunación.
Uno de los principales cambios es que el Ministerio de Gobierno asumirá el costo de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario a nivel nacional. Esto significa que las gobernaciones dejarán de destinar recursos de sus presupuestos para cubrir estas obligaciones.
La medida alcanza a las personas privadas de libertad que se encuentran con detención preventiva y a quienes cumplen una condena en los centros penitenciarios del país.
El bono de vacunación
La segunda obligación que pasa al nivel central corresponde al bono de vacunación. Su financiamiento estará a cargo del Ministerio de Salud y Deportes, conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.
De esta manera, las gobernaciones dejan de utilizar recursos departamentales para financiar este beneficio.
¿Desde cuándo se aplica?
La norma establece que las obligaciones generadas antes de la gestión 2026 continuarán siendo asumidas por los gobiernos autónomos departamentales, de acuerdo con las normas vigentes cuando fueron generadas.
Para 2026 también se mantiene un esquema de transferencias departamentales para la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica. Desde 2027, sus fuentes de financiamiento serán definidas mediante decreto supremo.
¿Qué busca la Ley 436?
La norma modifica la distribución de responsabilidades financieras entre el nivel central y las gobernaciones. Con ello, los gobiernos departamentales dejan de cubrir determinadas obligaciones nacionales y pueden disponer de esos recursos para otras necesidades de sus competencias.
La promulgación se realizó con la presencia de gobernadores y en medio de la agenda de discusión sobre la distribución de recursos y el proceso denominado 50/50.