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La norma establece que los depósitos judiciales que no sean reclamados dentro de los plazos previstos podrán consolidarse a favor del Órgano Judicial y destinarse a mejorar el servicio de justicia.
14/10/2026 19:44
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La Cámara de Senadores sancionó este miércoles el proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, una norma que permitirá utilizar determinados recursos no reclamados para fortalecer el funcionamiento del Órgano Judicial.
La ley pasa ahora al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Antes del tratamiento, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y la decana Rosmery Ruiz acudieron al pleno del Senado para explicar la necesidad de contar con estos recursos ante las limitaciones presupuestarias que enfrenta la administración de justicia.
Recursos irán a tecnología, personal e infraestructura
La norma contempla tres destinos principales para los recursos que lleguen a consolidarse a favor del Órgano Judicial: la implementación y ampliación de herramientas tecnológicas, la contratación de personal de apoyo para jueces y juzgados y el mejoramiento de la infraestructura de las casas judiciales.
El presidente del Senado, Diego Ávila, señaló que el Órgano Judicial recibe alrededor del 0,4% del presupuesto total del Estado, situación que consideró insuficiente para cubrir sus necesidades.
Según explicó, la nueva ley permitirá aliviar parte de esas carencias, aunque no reemplaza el debate sobre una mayor asignación presupuestaria para la justicia.
Depósitos podrán prescribir después de cinco años
Saucedo explicó que la norma establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de un depósito judicial.
El cómputo comenzará desde la notificación de la resolución ejecutoriada que autorice el reembolso. Si el dinero no es reclamado dentro del plazo y después de cumplirse los procedimientos establecidos, podrá consolidarse a favor del Órgano Judicial.
Antes de declarar la prescripción deberán cumplirse mecanismos de publicación, notificación y reclamación, y las resoluciones podrán ser impugnadas.
Saucedo alerta por carga laboral de jueces
El presidente del TSJ sostuvo que uno de los problemas que se busca enfrentar es la elevada carga de trabajo que tienen los administradores de justicia.
“El juez al día está llevando aproximadamente entre seis y siete audiencias. No le da tiempo de revisar expedientes, no le da tiempo de emitir resoluciones”, afirmó.
Saucedo señaló que esta situación contribuye a la mora procesal y destacó la necesidad de contar con más personal de apoyo.
También indicó que el sistema de gestión de causas penales ya funciona en Chuquisaca, pero su ampliación al resto del país enfrenta dificultades por falta de equipamiento y capacidad tecnológica.
“La población tiene que llevar los insumos”
La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, expuso las dificultades existentes en varias regiones, principalmente en provincias, donde los ciudadanos deben trasladarse largas distancias para acceder a una casa judicial.
“Estamos administrando justicia de manera que la población tiene que llevar los insumos para poder ser atendidos, lo que da lugar a la corrupción”, sostuvo.
Ruiz aclaró que el dinero obtenido mediante esta ley no será utilizado para incrementar los salarios de los magistrados, sino para mejorar el servicio judicial.
El manejo de estos recursos estará sujeto a fiscalización de la Contraloría General del Estado.
Hay depósitos que quedan excluidos
La norma establece además excepciones para proteger recursos relacionados con derechos considerados especialmente sensibles.
No estarán sujetos al régimen de prescripción los depósitos vinculados, entre otros casos, a asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad y personas con discapacidad, de acuerdo con las previsiones incluidas en la ley.
Con la sanción en el Senado, el proyecto queda a la espera de su promulgación para entrar en vigencia.