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El abogado constitucionalista José Luis Santistevan propone que la ANH concentre la autorización y fiscalización de la importación de diésel y gasolina, eliminar aranceles e impuestos que encarecen el producto y reducir la intervención de otras entidades en los trámites.
12/08/2026 17:27
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El abogado constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano advirtió que la excesiva burocracia en los procesos de importación de diésel oíl y gasolina estaría profundizando la crisis de combustibles en Bolivia y planteó una serie de medidas que, a su criterio, deberían incorporarse en un nuevo decreto supremo para agilizar el abastecimiento.
Sostiene que la normativa debe establecer un procedimiento más rápido para la importación y comercialización de combustibles por parte del sector privado, evitando la duplicidad de controles y trámites que, según señala, incrementan los costos y pueden generar espacios para la corrupción.
El constitucionalista propone que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sea la entidad encargada de autorizar y fiscalizar la importación, cantidad y calidad del diésel oíl y la gasolina destinados a la comercialización.
Según su interpretación de la Ley N° 3058 de Hidrocarburos, incorporar a YPFB en distintas etapas de la importación privada, además de los controles de calidad, fiscalización y comercialización, podría generar mayor burocracia.
También cita la Ley N° 466 de la Empresa Pública, que establece atribuciones de regulación, control, supervisión y fiscalización para la ANH dentro del circuito productivo de hidrocarburos.
Pide suspender aranceles e impuestos
Otra de las medidas planteadas es la suspensión de aranceles, impuestos y otros gravámenes aplicados a la importación de combustibles.
Santistevan argumenta que estos costos se suman a factores como la fluctuación del dólar, el precio internacional del petróleo y los gastos logísticos, lo que termina elevando el costo de importación.
A su criterio, mantener cargas adicionales dificulta que los importadores privados puedan comercializar combustibles a precios competitivos.
Cuestiona el control de Sustancias Controladas
El abogado también plantea excluir al diésel oíl y la gasolina de la lista de sustancias controladas y retirar a la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) de los procesos de autorización, control y fiscalización de la importación.
Según Santistevan, estos controles generan trámites adicionales y deberían limitarse a la verificación de posibles desvíos de combustible hacia actividades ilícitas, utilizando para ello información proporcionada por la ANH.
El jurista sostiene que la DGSC no debería intervenir en la autorización y fiscalización de la importación cuando, según su interpretación, estas atribuciones corresponden a la ANH en el marco de la Ley de Hidrocarburos.
Observa el DS 5619 sobre control de calidad
Santistevan también cuestionó el Decreto Supremo 5619, relacionado con el control de calidad de los combustibles, al considerar que habría incrementado la cantidad de trámites exigidos al sector privado.
Propone que se establezca un procedimiento ágil en el que la ANH concentre los controles necesarios para verificar la calidad del producto antes de su comercialización, mediante mecanismos como certificados de origen y controles in situ.
El abogado considera que continuar aprobando decretos sin atender estos aspectos podría prolongar los problemas de abastecimiento.
Importación privada no sería parte de la cadena estatal
Santistevan sostiene además que la importación de diésel y gasolina realizada por empresas privadas no forma parte de la cadena estatal de hidrocarburos, por lo que considera necesario diferenciar las operaciones de YPFB de las actividades de importadores privados.
En ese marco, plantea que el Estado reduzca la duplicidad de controles y permita que la ANH ejerza de manera directa sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización.
El constitucionalista concluye que una reforma orientada a reducir la burocracia, eliminar costos innecesarios y agilizar los controles podría contribuir a mejorar las condiciones para la importación privada y evitar que nuevas disposiciones terminen prolongando la crisis de combustibles.
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