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La propuesta plantea cambios en el sistema de promoción de inversiones, con incentivos condicionados al desempeño de los proyectos, nuevas instituciones para facilitar los trámites y mecanismos de protección jurídica para los inversionistas.
12/08/2026 13:40
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Nueva Ley de Inversiones: ¿qué beneficios y garantías plantea para los inversionistas?
El anteproyecto de Ley de Inversiones establece un régimen jurídico integral para las inversiones nacionales, extranjeras y mixtas en Bolivia, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico, la industrialización, la innovación, la generación de empleo y la sostenibilidad.
La propuesta plantea cambios en el sistema de promoción de inversiones, con incentivos condicionados al desempeño de los proyectos, nuevas instituciones para facilitar los trámites y mecanismos de protección jurídica para los inversionistas.
Economía tendrá la rectoría del sistema
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la instancia encargada de ejercer la rectoría del sistema de inversiones.
El anteproyecto también crea la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), una entidad pública autárquica que tendrá funciones técnicas y operativas para promover, facilitar, evaluar, acompañar y realizar el seguimiento de las inversiones.
A esto se suma la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), que será el mecanismo obligatorio para canalizar y monitorear los trámites de formalización de las inversiones. El sistema funcionará tanto de manera presencial como digital.
Incentivos condicionados al desempeño
Uno de los principales cambios planteados es pasar de un modelo basado principalmente en declaraciones generales a otro en el que los beneficios estén vinculados a resultados concretos de las inversiones.
Entre los beneficios automáticos se contempla la exención del Gravamen Arancelario y del IVA para la importación de bienes de capital, maquinaria y equipos nuevos destinados a actividades productivas, siempre que estos no sean fabricados en Bolivia.
También se prevén incentivos sujetos a calificación, como un crédito tributario imputable al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), que podría alcanzar entre el 25% y el 80% según la puntuación obtenida, o la aplicación de depreciación acelerada.
Una matriz definirá los beneficios
Para determinar el acceso a los incentivos, los proyectos serán evaluados mediante una Matriz de Desempeño, con una puntuación máxima de 100 puntos.
La evaluación considerará aspectos como:
- Generación de empleo.
- Incremento de las exportaciones.
- Generación de valor agregado.
- Innovación.
- Compras a proveedores nacionales.
- Impacto regional.
- Sostenibilidad.
De esta manera, los beneficios estarían vinculados al aporte económico y productivo de cada proyecto.
Protección jurídica para los inversionistas
El anteproyecto garantiza derechos relacionados con el trato justo y equitativo, debido proceso, propiedad y transferencia de capitales, dividendos y utilidades, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
El concepto de trato justo y equitativo es definido como una norma interna de conducta administrativa destinada a evitar actos de arbitrariedad, discriminación y coerción.
Sin embargo, el proyecto establece una precisión importante: la protección jurídica no significa garantizar la rentabilidad de una inversión.
Tampoco implica garantizar un determinado tipo de cambio, disponibilidad permanente de divisas o ausencia de riesgos propios de cualquier actividad empresarial.
Contratos de inversión tendrán estabilidad limitada
El anteproyecto incorpora los denominados Contratos de Inversión, destinados principalmente a proyectos considerados de alto impacto.
Estos contratos podrán establecer condiciones de estabilidad por un periodo máximo de 10 años, además de compromisos y obligaciones recíprocas entre el Estado y el inversionista. La finalidad es ofrecer previsibilidad durante una etapa determinada del proyecto, sin establecer una estabilidad jurídica ilimitada.
Régimen para las alianzas público-privadas
La propuesta también crea un régimen específico para las Alianzas Público-Privadas (APP), destinadas al desarrollo de infraestructura y servicios de interés público.
Los proyectos deberán someterse a procesos de selección competitiva y considerar criterios de “valor por dinero” y sostenibilidad fiscal.
El anteproyecto establece, además, límites expresos: las APP no podrán utilizarse para privatizar o transferir la gestión directa de los recursos naturales ni de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.
Arbitraje internacional tendrá límites
La solución de controversias será escalonada. Primero se buscará la prevención del conflicto, seguida de negociación, conciliación y paneles técnicos. Solo posteriormente podrá recurrirse al arbitraje.
El arbitraje internacional no será automático ni irrestricto. Para acceder a este mecanismo deberá existir un consentimiento expreso del Estado, contenido en tratados, normas comunitarias o contratos de inversión autorizados mediante ley.
Asimismo, se mantendrán fuera del arbitraje aquellas materias que la Constitución considera no arbitrables, como la propiedad de los recursos naturales y el ejercicio de determinadas potestades regulatorias del Estado.
Cambios en normas de conciliación y gestión pública
El anteproyecto también plantea modificaciones a la Ley N° 708 de Conciliación y Arbitraje y a disposiciones del Código Penal relacionadas con la gestión pública.
La propuesta busca establecer que los resultados económicos desfavorables o las controversias contractuales no sean automáticamente considerados delitos, siempre que los funcionarios hayan seguido los procedimientos correspondientes y existan los informes técnicos y legales que respalden sus decisiones.
El objetivo es diferenciar las decisiones administrativas o contractuales que generan resultados negativos de aquellas actuaciones que puedan constituir responsabilidad penal.
Se abrogará la Ley de Promoción de Inversiones de 2014
Finalmente, el anteproyecto establece que la Ley N° 516 de Promoción de Inversiones, de 2014, será abrogada una vez que entre en vigencia la nueva normativa.
En conjunto, la propuesta plantea un cambio hacia un sistema de inversiones basado en facilitación de trámites, seguridad jurídica e incentivos vinculados a resultados, con énfasis en empleo, exportaciones, innovación, proveedores nacionales y sostenibilidad.
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