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Cochabamba enfrenta retos para garantizar agua ante el crecimiento urbano, la sequía y el cambio climático.
08/09/2026 19:50
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Cochabamba lleva más de dos décadas buscando respuestas a una pregunta que sigue vigente: ¿cómo garantizar agua suficiente y de calidad para su población y, al mismo tiempo, proteger las fuentes que permiten su renovación?
El debate tiene como antecedente las movilizaciones de enero y abril de 2000, conocidas como las guerras del agua, cuando los habitantes de la ciudad salieron a las calles para reclamar acceso y una distribución equitativa de los recursos hídricos. Veinte años después, el problema adquirió nuevas dimensiones: al crecimiento de la demanda se sumaron la contaminación, la presión sobre los ecosistemas, la expansión urbana y los efectos del cambio climático.
En ese escenario se impulsó el Plan Director de la Cuenca del Río Rocha, construido a partir de 20 talleres realizados en 25 municipios de Cochabamba. El objetivo fue generar un instrumento de corto, mediano y largo plazo que permita articular acciones para recuperar, conservar y mejorar las condiciones ambientales, sociales y productivas de la cuenca.
La Cuenca del Río Rocha, con 3.699,9 kilómetros cuadrados y más de 1,4 millones de habitantes, concentra una parte importante de la población del departamento. El aumento de la demanda de agua, la contaminación ambiental e hídrica, la presión sobre los ecosistemas y el crecimiento poblacional configuran un escenario en el que la gestión del recurso dejó de ser únicamente un problema de abastecimiento y pasó a convertirse en un desafío de desarrollo.
Una deuda que permanece
El diagnóstico más reciente presentado por la investigadora Carmen Ledo, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), muestra que uno de los principales problemas está precisamente en los territorios que permiten alimentar los acuíferos.
Durante el Foro Científico y Mesas de Trabajo “Clima, Agua y Futuro”, Ledo alertó que las zonas de recarga de agua de las regiones Metropolitana Kanata, Valles, Andina y Cono Sur presentan una capacidad “muy baja”.
La situación se agrava por la expansión de la mancha urbana y la impermeabilización de los suelos. Cuando estos territorios son ocupados o cubiertos, disminuye la capacidad del terreno para absorber agua y alimentar los acuíferos subterráneos.
Para Ledo, el problema también está relacionado con la falta de planificación territorial. Sostuvo que durante los últimos 35 años el Estado “abandonó” la planificación y cuestionó que el crecimiento urbano haya quedado en manos del mercado informal de tierras.
El resultado es una tensión cada vez mayor: mientras la ciudad necesita más agua, el crecimiento urbano avanza sobre espacios fundamentales para la renovación de las fuentes hídricas.
La desigualdad en el acceso
La seguridad hídrica tampoco se limita a la existencia del recurso. El acceso continúa siendo una de las principales dificultades.
Según los datos expuestos por Ledo, el 54% de los hogares de la zona sur de Cochabamba carece de agua potable. Numerosas familias deben recurrir a carros aguateros para abastecerse.
“Compran agua contaminada de los carros aguateros y gastan entre el 7% y 10% del ingreso familiar”, afirmó.
La investigadora señaló además que el 50% de los hogares que no tienen agua potable se encuentra en zonas periurbanas de la región Valles, donde las familias dependen de cisternas.
Esta realidad revela una de las principales contradicciones de la crisis hídrica cochabambina: existe una creciente necesidad de agua, pero el acceso al servicio no avanza al mismo ritmo que la expansión de las ciudades.
Los datos presentados también muestran que, aunque el número de hogares urbanos con acceso a agua potable en Bolivia pasó de alrededor de un millón en 2012 a 2,3 millones en 2024, Cochabamba registra la menor cobertura de la red pública entre La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
A esto se suma la insuficiencia de plantas de tratamiento de aguas residuales, otro factor que incide en la contaminación y en la disponibilidad del recurso.
Buscar recursos para proteger el agua
Ante este panorama, en septiembre de 2025 se dio otro paso con la propuesta de construir un Fondo del Agua para la Región Metropolitana de Cochabamba.
La Gobernación y la Fundación Natura Bolivia firmaron entonces acuerdos orientados a la conservación, restauración y manejo integral de la cuenca del río Mizque, además del diseño de un fondo destinado a canalizar recursos técnicos y financieros para garantizar el acceso al agua a largo plazo.
La propuesta plantea utilizar mecanismos de cooperación y soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la seguridad hídrica, con participación de gobiernos subnacionales, organizaciones ambientales y comunidades.
La idea volvió a tomar fuerza en marzo de 2026, durante el Encuentro Nacional por la Seguridad Hídrica realizado en Cochabamba.
El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación, Óscar Zelada, informó que participaron 230 personas de manera presencial y otras 60 de forma virtual, con representantes de cinco departamentos, alcaldes, organizaciones no gubernamentales, regantes y actores sociales.
Entre las conclusiones estuvo la propuesta de crear una política nacional de seguridad hídrica que permita impulsar fondos de agua y establecer un comité nacional encargado de trabajar en su implementación.
“Todos debemos tener un aporte consolidado. Los que consumen también deben aportar para que sea sostenible”, explicó Zelada.
Cochabamba se encontraba, según datos oficiales, en la etapa final para consolidar un fondo de agua en la región metropolitana.
El desafío llega al ámbito nacional
La discusión también avanzó hacia un escenario nacional.
El Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, desarrolló en Cochabamba el Diálogo Departamental de Recursos Hídricos, con participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, organizaciones sociales, regantes, academia, instituciones públicas y organismos de cooperación.
El encuentro contó con la participación de la viceministra Viviana Mariscal y organizaciones como Water For People, FAO, Agua Tuya y Visión Mundial.
El objetivo fue recoger propuestas para fortalecer la seguridad hídrica, la gestión integral del agua y la capacidad de respuesta frente al cambio climático, como parte del proceso hacia la Cumbre Nacional de los Recursos Hídricos Bolivia 2026.
Así, el problema del agua en Cochabamba dejó de ser solamente una discusión departamental y se incorporó a un debate nacional sobre planificación, inversión y adaptación.
Misicuni: una fortaleza frente al riesgo
En medio de este escenario existe un factor que ofrece cierto margen de seguridad para Cochabamba: la represa Misicuni.
El embalse se encuentra al 90% de su capacidad, con 157 millones de metros cúbicos de agua, volumen que permitiría garantizar la dotación para consumo humano y riego del eje metropolitano incluso durante periodos de estiaje.
Sin embargo, existe una dificultad: Misicuni actualmente distribuye solo el 40% de su capacidad debido a que algunos municipios del eje metropolitano todavía no concluyeron las obras secundarias necesarias para recibir su cupo total.
La situación muestra que la seguridad hídrica no depende únicamente de almacenar agua. También requiere infraestructura capaz de llevarla hasta los hogares y las zonas productivas.
El cambio climático agrega una nueva presión
A los problemas estructurales se suma ahora una amenaza climática.
Los especialistas de la UMSS Mauricio Villazón y Marko Andrade sobre el fenómeno de El Niño que presenta señales de una intensidad elevada.
Villazón explicó que los eventos fuertes de El Niño históricamente se han relacionado con sequías en los valles interandinos de Cochabamba y parte del altiplano.
“En general, lo que nos ha mostrado la historia es que en eventos Niño fuertes, muy fuertes, ha repercutido en sequías al interior de nuestros valles interandinos y un poco el altiplano”.
Andrade, por su parte, señaló que la temperatura superficial del océano Pacífico Ecuatorial ya registra una anomalía superior a los dos grados y que el comportamiento comienza a aproximarse a antecedentes considerados intensos, como los registrados en 1983, 1997 y 2015-2016.
“Todo hace pensar que El Niño en vez de atenuarse, se está intensificando”.
Los especialistas consideran que la principal preocupación está en la agricultura, debido a que una eventual reducción de las precipitaciones podría afectar las decisiones de siembra y provocar pérdidas de semillas, trabajo e inversión de los productores.
Los modelos climáticos ya anticipan un escenario de El Niño para el trimestre enero-febrero-marzo de 2027 y existen probabilidades altas de que sea muy intenso.
Una ventaja que no resuelve todo
La existencia de Misicuni representa una ventaja para Cochabamba ante este escenario, porque permite contar con un reservorio que puede amortiguar los efectos de un periodo seco.
Pero esa reserva no elimina los problemas de fondo.
El agua almacenada puede garantizar parte del abastecimiento en el corto plazo, pero no resuelve la pérdida de zonas de recarga, la expansión urbana sin suficiente planificación, la desigualdad en el acceso, la contaminación de las fuentes ni la falta de infraestructura para distribuir todo el volumen disponible.
Tampoco evita que una sequía prolongada afecte a la producción agrícola, particularmente en las zonas que dependen directamente de las lluvias.
El reto de pensar más allá de la emergencia
El recorrido de Cochabamba durante más de dos décadas permite identificar una transformación en el problema.
En el año 2000, el conflicto estuvo marcado por el acceso y la distribución del agua. Hoy, además de esas demandas, la seguridad hídrica implica proteger las fuentes, ordenar el crecimiento urbano, recuperar las cuencas, ampliar las redes de distribución, tratar las aguas residuales, reducir la contaminación y anticiparse a los efectos del cambio climático.
Por eso, los fondos de agua, la protección de las cuencas y los planes de gestión son importantes, pero su eficacia dependerá de que se traduzcan en acciones sostenidas y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno, municipios, comunidades, productores, instituciones académicas y población.
El desafío también está en conectar las políticas de agua con las políticas de desarrollo urbano. No se puede garantizar seguridad hídrica mientras la ciudad continúa creciendo sobre territorios que cumplen una función esencial para la recarga de los acuíferos.
En ese sentido, la crisis del agua no es únicamente una crisis de disponibilidad. Es también una crisis de planificación, infraestructura, gestión y distribución.
La advertencia de Ledo resume uno de los principales debates que enfrenta la Llajta: “La única forma de salir de la crisis del agua es considerarla como un bien común y no una mercancía”.
Cochabamba cuenta hoy con reservas importantes, propuestas de fondos de agua, espacios de diálogo, conocimiento científico y planes para enfrentar los efectos climáticos. El reto pendiente es convertir esas herramientas en una política hídrica de largo plazo que permita que el agua disponible hoy también pueda sostener a la población, la producción y el desarrollo de la región en las próximas décadas.
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