La UE es el cuarto organismo en observar el proceso contra la expresidenta Áñez

El Portavoz del Alto Representante de la Unión Europea (UE) emitió un comunicado sobre la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez en el caso denominado “golpe de Estado II”, donde destaca las observaciones que realizó la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al proceso El comunicado señala que, de acuerdo a la serie de observaciones de la organización internacional, la justicia boliviana no respetó plenamente las garantías procesales de la exautoridad.

“Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano, según lo informado por el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, en mayo de 2022, así como por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), cuyas recomendaciones el gobierno se comprometió a implementar”.

En tal sentido, señala que la UE está dispuesta a cooperar con Bolivia en el proceso de reforma del sistema judicial que se prometió en 2021.

La OACNUDH, a través de un comunicado, hizo seis observaciones preliminares al proceso judicial en contra de la expresidenta, en el que se la condenó a 10 años de cárcel por el caso “golpe de Estado II”. La primera observación es al tipo penal de “incumplimiento de deberes” que consideran que es “incompatible con el principio de legalidad; por ser excesivamente amplio y ambiguo”, la segunda va entorno al “uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar”.

También, observaron el formato de las audiencias de este juicio que fueron híbridos, entre virtuales y presenciales, por la pandemia, que tuvo un “impacto” en el acceso físico de la audiencia al público en general, a los medios de comunicación y a los propios acusados. Además, la entidad aseguró que las cuatro personas declaradas en rebeldía accedieron a la defensa pública; asimismo, cuestionó la decisión del tribunal que llevó a cabo este proceso de “no exigir la comparecencia de testigos” que afectó a las partes “en sus derechos procesales”. Por último, hace referencia a la “participación de numerosas partes acusadoras” en este caso como la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno, entre otros, que afecta en el “equilibrio procesal”.