La Paz, Bolivia
Descarta persecución política. La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, manifestó que el caso investigado en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) se debe a un tema de corrupción, y no así por un hostigamiento contra la persona de Carlos Romero Bonifaz.
El exministro de Gobierno quedó aprehendido la noche del martes tras acogerse a su derecho al silencio durante su declaración en la Fiscalía de La Paz, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en el caso Uelicn. Romero se convierte en el primer ministro del expresidente Evo Morales en ser procesado.
La noche del martes durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), la legisladora de oposición recordó que el caso de la Uelicn inició en febrero de 2018, ante la petición de informes escrito que ella solicitó al entonces ministro Romero, luego de descubrir mediante el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) la direccionalidad y favorecimiento que existía entre dicha entidad del Estado con un consorcios de empresas peruanas, colombianas, lideradas por la empresa Horizontal Bolivia SRL quienes fueron beneficiadas con el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y Negros, por un monto aproximado de 55 millones de bolivianos.
"¿Qué persecución?, es una investigación seria que data de tiempo, no es un tema contra Carlos Romero Bonifaz, es un tema de corrupción, de narcotráfico contra todos los que tienen que ver", dijo Sandoval.
"De 46 adjudicaciones, 42 eran entregadas a ellas (a las empresas mencionadas). Aquí está la DGAC, que depende del Ministerio de Obras Públicas; está la Aduana, porque por algún lado tenían que entrar los repuestos de mantenimiento y que depende del Ministerio de Economía, por eso hicimos una petición múltiple y no lo hicieron. Era un daño económico al Estado", agregó.
Sandoval mencionó que la coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) manejó más de Bs. 5 mil millones, de esa cantidad la Uelicn administró cerca de Bs. 3 mil millones destinando un alto porcentaje al mantenimiento de las aeronaves, como también el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres manejó una determinada cantidad.
La diputada denunció que durante los 21 días del paro indefinido en Bolivia, las 6 personas que estaban aprehendidas por este caso fueron favorecidas con detenciones domiciliarias, y en el proceso de investigación tanto el Ministerio de Gobierno como la Fiscalía "dieron un tiempo para que los representantes de los consorcios salgan del país".
El 27 de diciembre de 2019, la diputada presentó una ampliación de querella contra seis personas: Carlos Romero, Felipe Cáceres, Cecilia Urquieta Pardo (ex coordinadora), Ximena Berdeja Montero, y los militares pertenecientes al grupo Diablos Rojos, teniente coronel Rubén Rodríguez Arzadum y el teniente coronel Freddy Oscar Taborga Soliz, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.