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Acción popular en Beni desata polémica y denuncias de intento de sabotaje electoral

El hecho ha sido duramente cuestionado por sectores de oposición y analistas políticos, quienes ven en esta acción un intento de frenar o incluso paralizar el proceso electoral del 17 de agosto.

15/07/2025 13:24

Foto: Acción popular desata denuncias de intento de sabotaje electoral
La Paz

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La reciente admisión de una acción popular en la Sala Constitucional Primera de Beni contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha generado una fuerte controversia política a un mes de las elecciones generales. La demanda, presentada por la ciudadana Marlene Sierra Terán, exige que se inhabilite a todos los candidatos a senadores y diputados que hayan ejercido previamente dos mandatos, continuos o discontinuos, basándose en la Sentencia Constitucional 0007/2025 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La audiencia para tratar el recurso fue fijada para el 21 de julio a las 10:00, según confirmó el vocal relator Charles Mejía. En su memorial, la accionante también solicita como medida cautelar la suspensión temporal de la habilitación de listas que incluyan a exautoridades que hayan ejercido más de dos gestiones, aludiendo a la necesidad de frenar la “perpetuación de liderazgos políticos”.

El hecho ha sido duramente cuestionado por sectores de oposición y analistas políticos, quienes ven en esta acción un intento de frenar o incluso paralizar el proceso electoral del 17 de agosto.

Desde el ala radical del MAS, el senador Luis Adolfo Flores fue más allá, acusando al oficialismo Arcista de estar detrás del recurso judicial para sabotear las elecciones ante sus bajos niveles de respaldo popular. “Si no tiene consistencia el fraude electoral, definitivamente van a tumbar las elecciones (…) lo que sucede es una dictadura judicial. Hay intereses del grupo de poder actual, yo diría una organización criminal”, manifestó con dureza.

A su vez, asambleístas de oposición criticaron la falta de avance en la aprobación de la Ley de Preclusión, que habría impedido recursos como este en instancias judiciales a última hora. El diputado Alberto Astorga apuntó directamente al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, a quien acusó de haber paralizado el tratamiento de esta normativa por conveniencia política. “Hay que echarle la culpa al niño mimado de Evo Morales. Sabemos que es candidato, pero al mismo tiempo sigue en contacto con Evo. Por ahí pretende obstaculizar la elección nacional”, afirmó.

En medio de este escenario, resurgen denuncias previas del expresidente Evo Morales, quien había advertido sobre supuestos planes del gobierno de Luis Arce para montar un fraude o, en su defecto, derribar el proceso electoral con artilugios judiciales y constitucionales.

 

 

 

 

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