Aguardan orden de Fiscalía para necropsia del can “Juki” que fue asesinado a machetazos

Un can de un año y medio de nombre “Juki” fue atacado a machetazos en un domicilio de la zona sur de la ciudad.  Un hombre arrancó el cuero del lomo del can y le destruyó el hocico con un machete.

El perro fue trasladado a una veterinaria donde tomaron la decisión de someterlo a eutanasia para evitar su sufrimiento debido a la profundidad de las heridas. El caso fue denunciado como biocidio e intervino Zoonosis de la alcaldía.

El atacante es el cuñado de la dueña del perro, está en libertad y será procesado. La veterinaria que atendió al can quedó en shock por la crueldad hacia la mascota y dijo que nunca vio algo así.

El caso de biociodio contra el perro “Juki”, reactiva la discusión con respecto a lo que estipula la ley 700, para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato.

El Director de Zoonosis, Diego Prudencio, indicó que se aguarda una orden de la Fiscalía, para realizar la necropsia al can que murió tras ser macheteado. “Se debe esperar que la parte querellante coordine con el Ministerio Público y Fiscalía, para hacer un trabajo conjunto”, remarcó.

“Debe realizarse una querella colectiva, este tema no debe quedar desgastado en una impunidad consecutiva que se da en estos casos. Seguiremos a los querellantes y la defensa de este psicópata, porque no hay otra forma de nombrar a una persona que trata así a una mascota”, señaló fundadora del Santuario “Perros del Sol”, Marisol Rocabado.

Grobert Nogales, titular de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, manifestó su repudio ante la brutalidad que sufrió el perro y adelantó que la Comisión de Derechos Humanos de la misma prevé una querella contra el agresor.

También, el equipo elabora una propuesta para reformar la Ley 700. "La Comisión está trabajando en un anteproyecto para que no haya vacíos en esa norma. Se ha visto que las sanciones no son adecuadas. La Comisión Segunda también está previendo dar una querella ante la instancia para que pueda ser sancionada esta persona".

Endurecer las penas, que van de 2 a 5 años de privación de libertad, es la exigencia por parte de las fundaciones y asociaciones animalistas.

La senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, anunció que se constituirá como parte querellante contra el hombre acusado de proceder al ataque, del mismo modo que lo confirmaron también las asociaciones que velan por los derechos de los perros y gatos desvalidos.