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El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la Asamblea Legislativa debe intervenir ante la interrupción del mandato de Roger Mariaca.
02/10/2026 15:45
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El analista y constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe asumir un rol central tras la interrupción del mandato de Roger Mariaca y planteó que primero se defina una autoridad interina y posteriormente se abra el proceso para elegir a un nuevo Fiscal General del Estado por un periodo de seis años.
“¿Qué debe hacer la Asamblea? Analizar esa interrupción del mandato y, en mi criterio, hay dos salidas que son simultáneas”, manifestó.
Según Santistevan, una primera decisión debería estar relacionada con la conducción temporal del Ministerio Público.
“La primera es determinar si va a nombrar un interino, porque es una interrupción, no es un reemplazo normal”, afirmó.
Como segunda medida, Santistevan planteó iniciar un nuevo proceso de selección y designación para contar con un Fiscal General titular por seis años.
“El rol de la Asamblea es clave porque el único que puede nombrar Fiscal General es la Asamblea”, sostuvo.
La Ley 260 establece que el Fiscal General titular debe ser designado por dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa y que ejerce sus funciones durante seis años.
También señala que, cuando el periodo se interrumpe por alguna de las causales previstas legalmente, el Legislativo debe nombrar a un nuevo titular en un plazo no mayor a tres meses.
Propone descentralizar el Ministerio Público
El constitucionalista fue más allá de la sucesión de Mariaca y planteó aprovechar la actual crisis para impulsar cambios estructurales dentro del Ministerio Público.
Propuso que las asambleas legislativas departamentales tengan participación en la selección de los fiscales departamentales mediante concursos de méritos, exámenes de competencia y fiscalización académica.
“Hay que aprovechar también la crisis del Ministerio Público para descentralizar”, sostuvo.
Santistevan señaló que esta propuesta busca avanzar hacia una mayor institucionalización de la Fiscalía y reducir la concentración de las designaciones.
La iniciativa requeriría modificaciones a la actual Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que hoy la designación de fiscales departamentales corresponde al Fiscal General del Estado.