La Asamblea de la Cruceñidad, que aglutina a diferentes instituciones en Santa Cruz, exigieron al Poder Ejecutivo el respeto a las leyes, a la democracia y el cese a la persecución judicial.
23/02/2022 20:03
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La Asamblea de la Cruceñidad determinó la noche de este miércoles 23 de febrero de 2022, convocar a un paro cívico en Santa Cruz para el próximo viernes 4 de marzo, en rechazo a la persecución judicial y exigiendo al Gobierno nacional el respeto a las leyes y la democracia.
El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, leyó las conclusiones que se asumieron en la Asamblea de la cual participaron representantes de diferentes instituciones en Santa Cruz.
"Declarar vigilia permanente y pacífica en las instituciones públicas de administración nacional y paro cívico departamental de 24 horas con suspensión de actividades para el día viernes 4 de marzo, como medida de protesta inicial", dijo Calvo en conferencia de prensa.
El líder cívico manifestó que la medida se asume en contra de las arbitrariedades e injusticias cometidas por miembros del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía y otras autoridades de Gobierno.
Entre las siguientes conclusiones está la de rechazar las medidas cautelares contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y que la sociedad cruceña estará vigilante ante cualquier acción en su contra.
- Exigir al Poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes y declarar personas no gratas en el departamento de Santa Cruz a los ministros Eduardo Del Castillo (Gobierno), Édgar Montaño (Obras Públicas) e Iván Lima (Justicia).
- Denunciar ante la comunidad internacional que el gobierno boliviano, presidido por Luis Arce Catacora, ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo e inseguridad jurídica.
- Conminar al Consejo de la Magistratura y al Fiscal General del Estado el avance en las investigaciones de todos los jueces y fiscales que tengan un proceso en su contra.
- Requerir a las autoridades judiciales el cumplimiento del debido proceso y que se respeten las garantías constitucionales en los procesos irregulares y manipulados que se le siguen a la expresidenta Jeanine Áñez, a los dirigentes de la resistencia juvenil, cochala, militares, policías, activistas y ciudadanos en general.
- Otorgar poder de decisión absoluto al presidente del Comité Cívico, directorio para decidir cualquier otra medida necesaria.
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