Director del maternológico sobre cesárea: "De ninguna manera tomé una decisión bajo presión"

Ante el debate sobre las cesáreas e interrupciones realizadas a niñas violadas y embarazadas por su familiares, el director del Hospital Materno Infantil "Germán Urquidi" indicó que la Sentencia Constitucional 2006/2014 no especifica claramente las semanas de embarazo para la interrupción, pero sí habla de realizar el aborto 

"Estas sentencias constitucionales y toda ley tienen un documento para su aplicación y procedimiento, en este caso, el Procedimiento Técnico médico define, para que no haya ninguna equivocación y sea correcta la aplicación del reglamento, qué es el aborto", dijo el doctor Antonio Pardo.

Así, el documento cita que, según la OMS, el aborto es la pérdida del producto de la gestación desde el momento de la implantación hasta alcanzar los 500 gramos o las 22 semanas de gestación, calculadas por la fecha de la última menstruación o por ecografía temprana.

"Para nosotros está claro eso y, desde un principio, manifestamos que las dos niñas no cumplían con la normativa de edad gestacional para entrar a la Sentencia porque no dice que la correcta aplicación es todo el embarazo, dice hasta las 22 semanas", apuntó Pardo.

Se refiere a los dos casos que conmocionaron a Cochabamba en los últimos días, porque ambos bebés fallecieron, las niñas tenían 27 y 28 semanas de embarazo, respectivamente.

"Le dijimos a la autoridad que no estábamos en contra de la normativa. Este año, en la Maternidad, se han interrumpido ocho embarazos que cumplían el plazo indicado, es decir, menos de 22 semanas, como el último caso de la niña de 11 años. El conflicto es cuando sale de la normativa, porque en ningún lado indica que más allá de las 22 semanas, el niño irá a terapia intensiva, se le da toda la asistencia, se hará cesárea o parto. Hasta las 22 semanas, la norma es totalmente clara, más allá, no", observó.

Explicó que hasta los cinco meses, las probabilidades de sobrevida fuera del útero son menos de 1%, es decir, prácticamente todos mueren y por eso se considera aborto. Además, el documento establece que el personal de salud llevará los restos del aborto al IDIF para estudios de ADN.

"No podemos mandar un niño vivo llorando al IDIF para que le hagan el estudio, no está en la norma. Esa fue la discordancia que hubo con algunas autoridades. Cuando sale del plazo dijimos que no estábamos de acuerdo, tenemos la objeción de conciencia, todos firmaron, pero la Sentencia también dice él único que no puede firmar la objeción y tiene que hacer cumplir es el director", apuntó.

También reiteró que, en el caso del bebé Índigo, hizo la cesárea porque se diagnóstico sufrimiento fetal y corría peligro la vida del niño dentro del vientre materno.

En el segundo caso, de la bebé Esperanza, la niña embarazada llegó al Hospital del Sur.

"La Sentencia dice que estos casos se pueden resolver en primer, segundo o tercer nivel. Este caso se quedó en el segundo nivel porque no tenía especificaciones para tercer nivel y también los ginecólogos pueden manejar un embarazo de esa naturaleza en segundo nivel. Ellos deberían defender la vida y negarse a interrumpir", dijo.

Añadió que se debe discutir el procedimiento médico que se debe realizar.

"En el primer caso, se habló de una maduración pulmonar, 34 semanas y luego la interrupción con seguridad para ambos. Alegan que dejar el embarazo es tortura para la madre ¿y para el niño? Hay una contraposición. La Constitución dice que se debe preservar la vida y eso hicimos", aseveró.

Del mismo modo, citó que el documento indica que los proveedores del servicio de salud tienen derecho a no ser perseguidos, discriminados, estigmatizados, enjuiciados o procesados por realizar procedimientos de interrupción legal del embarazo ya que la denuncia del delito de violación, se constituye en la constancia expresa que justifica la realización de la interrupción legal y segura del embarazo.

"Eso tampoco se cumple. Este director ya tiene una denuncia por homicidio culposo, sabiendo que yo tengo una razón por la que he interrumpido. Hubo bastante presión, no solo del nivel local, sino del central respecto a juicios penales y diferentes procesos que íbamos a sufrir si es que no cumplíamos. La víctima tiene que firmar un consentimiento informado sin presión, eso tampoco se cumplió, no fue libremente. La autorización firmada la tuvimos recién el día de la cesárea, antes de eso no tenemos ningún documento", comentó.

También aseveró que no tomó ninguna decisión bajo presión porque mantuvo su derecho a preservar y defender la vida. Inclusive le dijo al director del Sedes que iba a renunciar si le obligaban a interrumpir la vida de un ser humano.

"El viernes en la noche notamos ciertas variaciones en la frecuencia cardíaca del niño que anunciaba sufrimiento fetal. Aproveché para que le hagan la maduración pulmonar y para que no tenga lesiones en el cerebro y, de esa manera, tratar de prepararlo. El sábado, si no le operábamos el niño iba a morir dentro del vientre materno. Entonces, le dimos una opción de vida. Posteriormente, se buscó un espacio", recapituló.

Recordó que en 2020, tuvieron tres casos en los que esperaron hasta las 34 semanas, hicieron maduración pulmonar y tanto los bebés como las menores embarazadas se salvaron.

"No pretendíamos que la niña sea madre y se lo lleve a su casa, sino que vaya a un proceso de adopción y la niña ingrese a un proceso psicológico. Entonces, la presión de las autoridades no tiene fundamento y nosotros nos regimos al Protocolo para la interrupción de embarazo en caso de violación", afirmó Pardo.

Respecto al no traslado del bebé Índigo a terapia intensiva de otra clínica dijo que se pidió la gestión de la Defensoría de la Niñez para hacerlo, ya que por los casos de 2020 terminó con una deuda de 60 mil bolivianos en el Hospital Univalle, que hasta ahora no ha sido pagada. Sin embargo, no se obtuvo la autorización.

"Primero denuncian y después preguntan. Yo no quería hacer la cesárea en la Maternidad porque no hay espacio, sino directamente en la Univalle para que pase inmediatamente a terapia intensiva, pero las autoridades del hospital privado no estuvieron de acuerdo y que el Ministerio tenía que dar la orden. Hubo trabas, pero la intención de inicio era salvar la vida del niño. Le dimos toda la asistencia necesaria, coordinamos con todo el personal, nos alistamos", finalizó el director del Maternológico.