Empresarios de Cochabamba alertan impacto económico por bloqueos y piden aplicar la ley

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, lamentó este viernes los bloqueos instalados en distintas carreteras del país y aseguró que las medidas de presión están provocando un fuerte daño económico, social y productivo para Cochabamba y Bolivia.

“Es algo inaceptable. Cochabamba, por su posición geográfica, tiene mucho impacto con cualquier bloqueo. Otra vez estamos sin salidas al occidente y oriente”, afirmó el dirigente empresarial.

Demeure explicó que diferentes sectores productivos están siendo perjudicados debido a que no pueden recibir insumos ni trasladar mercadería hacia los mercados nacionales e internacionales.

“No se puede llegar a los puertos de exportación desde hace una semana, no podemos llegar a puertos de Perú y Chile y eso tiene un impacto muy duro en la economía del departamento y del país”, sostuvo.

El representante empresarial advirtió que los bloqueos ya afectan directamente a las familias bolivianas debido al desabastecimiento y al incremento de precios de varios productos.

“Eso llega a las familias porque hay escasez de productos o exceso de ciertos productos. Todo eso genera una presión inflacionaria y sigue haciendo que los costos suban nuevamente”, señaló.

Asimismo, Demeure manifestó su preocupación por la imagen internacional del país y por la incertidumbre que generan las movilizaciones.

“Como país, no podemos seguir viendo cómo nos destrozamos económicamente, cómo perdemos imagen internacional. La incertidumbre afecta al turismo, afecta la economía y solo causa daño”, indicó.

El presidente de la FEPC cuestionó además que las movilizaciones continúen pese a que algunas demandas ya fueron atendidas por el Gobierno, como la abrogación de la Ley 1720.

“Cada vez que se soluciona una demanda, continúan las movilizaciones. Ahora dicen que protestan por una supuesta privatización y eso no existe. Eso es desinformación y se hace de mala fe para generar caos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que algunas medidas ya no responden a reivindicaciones sociales, sino a intereses políticos y desestabilizadores.

“Cuando ya no hay voluntad de diálogo y se vulneran derechos como el trabajo y el libre tránsito, corresponde aplicar la ley”, declaró.

También aseguró que los daños económicos superan los 700 millones de bolivianos en Cochabamba y advirtió que las consecuencias podrían extenderse durante los próximos años por la pérdida de contratos e inversiones.

“Estamos generando un país donde nadie quiere invertir”, lamentó.

El pronunciamiento se da tras la escalada de violencia que generan las protestas. Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras, este viernes se registran 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos del país, siendo La Paz la región más afectada.

Las interrupciones viales también comenzaron a generar problemas de abastecimiento. En la zona de la Garita de Lima, en La Paz, largas filas de personas intentaban comprar pollo, cuyo precio llegó hasta los 104 bolivianos por unidad debido a las dificultades en el transporte de alimentos.