Industriales piden penas para contrabandistas e insisten en derogar disposición séptima del PGE

La Cámara Nacional de Industria (CNI), con el apoyo de diversos sectores, presentó un proyecto de ley para lograr la derogación de la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

"El empresariado está unido. Este proyecto ha sido trabajado con la CAO, CAMEX y todos los actores que estuvieron ayer reunidos. Entonces, es un consenso del sector privado. En su artículo único, básicamente, deroga la tan mentada y conflictiva disposición séptima", afirmó el presidente de la CNI, Pablo Camacho, en El Mañanero.

Así, este lunes, enviaron cartas, en representación de todas estas cámaras, al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y al presidente de la Cámara de Diputados Omar Yujra y "ya es de su pleno conocimiento".

"El presidente y la Asamblea (Legislativa) tienen el rol histórico de darle certidumbre a Bolivia. Solo en industriales, estamos hablando de 600.000 fabriles, 2 millones de microempresarios y gremiales, sin contar a cuántos trabajadores representa la CAO, empresarios, Confeagro, etcétera. Bolivia necesita tranquilidad", comentó.

Afirmó que hacen política, sino la defensa del sector privado y sus derechos consagrados en la Constitución.

"No podemos permitir que se vulnere la propiedad privada. Afecta el clima de inversiones. Otros actores se están sumando y mostrando que es una disposición errónea que lo único que hace es generar un clima de incertidumbre y conflicto, cuando deberíamos apostar por el diálogo y la concertación", aseveró.

El sector espera ser convocado por la Asamblea para tratar el proyecto de ley propuesto.

"El empresario privado ha alertado permanentemente que el contrabando es crimen organizado y está afectando a nuestra economía. Primero, nos ingresaba producto de todos los países de la región. Ahora, sale producto de Bolivia de contrabando", dijo.

Recordó que ya hay normativa vigente, como el artículo 226 en el Código Penal, respecto al agio. "Tenemos leyes contra el contrabando, lo que hace falta es restablecer el estado de derecho en las fronteras y que el gobierno comience a penalizar al contrabandista, al que hace agio, que esté en la frontera. Basta mandar un dron sobre todas esas casas que están en Desaguadero; en el lado de la Argentina tenemos casas que cobran peaje para pasar de un país a otro. Ese no es el industrial, eso es definitivamente crimen organizado", detalló.

Asimismo, recordó que solicitaron, desde hace tres años, penas que no se basen en el valor de la mercadería para los contrabandistas, ya que con la normativa actual, evaden ingresar a la cárcel.

"También pedimos que se asigne una mayor cantidad de recursos al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. El 2024 cerramos con una triste cifra de 8 militares bolivianos que han fallecido en esta lucha. Habíamos pedido también la participación de los municipios, que fue aceptada por el gobierno, incluso habíamos llegado al acuerdo de que el 50% de los comisos beneficie a los municipios, que reciben menores recursos. El empresario siempre ha apostado por la propuesta y el diálogo", complementó.