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Con la extinción del proceso, quedan sin efecto los delitos por los que fueron acusados en relación con el paro cívico y los bloqueos registrados durante el conflicto.
04/09/2026 15:40
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La decisión judicial fue asumida este viernes 4 de septiembre y deja sin efecto el proceso penal contra el exgobernador cruceño Luis Fernando Camacho y otros imputados por las movilizaciones que exigían la realización del Censo de Población y Vivienda.
El caso judicial relacionado con los 36 días de paro y bloqueo registrados en Santa Cruz en 2022 llegó a su fin este viernes 4 de septiembre, luego de que la Justicia determinara la extinción del proceso penal contra la exautoridad departamental, y otras personas que fueron procesadas por su participación en las movilizaciones.
La determinación fue asumida durante la audiencia instalada para analizar la situación jurídica de los imputados. Con la extinción del proceso, quedan sin efecto los delitos por los que fueron acusados en relación con el paro cívico y los bloqueos registrados durante el conflicto.
El denominado caso de los 36 días se originó a raíz del paro cívico indefinido que se desarrolló en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022. La medida fue impulsada por instituciones y sectores cruceños que demandaban que el Gobierno garantizara la realización del Censo de Población y Vivienda.
La protesta se prolongó durante 36 días y derivó en bloqueos de carreteras y calles, además de una paralización de diversas actividades económicas y sociales en el departamento.
Un proceso que involucró a dirigentes cruceños
Entre las personas procesadas se encontraba Luis Fernando Camacho, quien en ese momento ejercía como gobernador de Santa Cruz y era una de las principales figuras políticas que respaldaban las movilizaciones.
El proceso penal avanzó durante los años posteriores al conflicto y se convirtió en una de las causas judiciales vinculadas a las protestas que marcaron la agenda política nacional en 2022.
Con la decisión asumida este viernes, la causa queda extinguida para los imputados beneficiados por la resolución, cerrando así el proceso relacionado específicamente con los hechos atribuidos al paro de 36 días.
El conflicto por el Censo
El paro de 2022 fue una de las principales medidas de presión impulsadas desde Santa Cruz para exigir que el Censo se realizará en 2023 y que sus resultados pudieran ser utilizados para la redistribución de recursos y la representación política.
Tras 36 días de movilización, el conflicto terminó luego de que se aprobara una norma que estableció la realización del Censo de Población y Vivienda para marzo de 2024.
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