Legisladores cuestionan cabildo impulsado por Condori y apuntan a fines desestabilizadores

El cabildo promovido por el senador Nilton Condori, que planteó entre sus resoluciones reducir los salarios de los parlamentarios en un plazo de 15 días, desató una ola de críticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde varios sectores consideran que la iniciativa responde a intereses políticos y no a una demanda mayoritaria.

Desde la oposición y el oficialismo surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento del evento, incluyendo el uso de equipos de sonido, transporte de organizaciones sociales y la logística desplegada.

“¿Cuánto cuesta el equipo de sonido? ¿Quién financia el traslado de estas organizaciones? ¿Hay alguien detrás de este intento de golpe a la democracia?”, señalaron legisladores, quienes además acusaron al cabildo de tener fines desestabilizadores.

El diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, restó legitimidad al encuentro al asegurar que no cuenta con respaldo institucional.

“Ese cabildo no tiene acompañamiento del Tribunal Supremo Electoral, por lo tanto no es vinculante. Ha sido desordenado y muestra una postura golpista, porque buscan cerrar la Asamblea Legislativa y sacar al presidente y al vicepresidente”, afirmó.

En medio de la controversia, también se conoció que existen al menos tres denuncias en la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores contra Condori, relacionadas con acusaciones sin pruebas y presuntas agresiones verbales contra otros parlamentarios.

El senador de la Alianza Libre, José Ormachea, miembro de dicha comisión, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso para no interferir en el proceso, pero confirmó la existencia de las denuncias.

“No han sido interpuestas por miembros de la comisión, sino por ciudadanos particulares y otros asambleístas”, indicó.

Entre los denunciantes figuran los senadores Eliana Riña Acosta y Jan Soraide, ambos de la Alianza Unidad, además del director departamental de Educación, Basilio Pérez.

El caso continúa en análisis dentro de la Comisión de Ética, mientras el debate sobre el alcance y la legitimidad del cabildo sigue generando tensión en el escenario político nacional.