“Mi niño tiene marcas en el cuerpo”: Una madre denunció maltratos físicos en un Kínder de Cochabamba

Una madre denunció que su pequeño fue agredido en un Kínder. La progenitora indicó que en el preescolar los menores serían víctimas de agresiones, según autoridades, la institución ni siquiera cuenta con licencia de funcionamiento. 

La madre de familia fue quien alzó la voz tras descubrir marcas de agresión en el cuerpo de su pequeño hijo. “Tiene golpes en la espalda, lo golpearon con un rascador especial, lo bañaron con agua fría y lo castigaron entre sillas para asustarlo”, denunció, visiblemente afectada. Su hijo, de apenas tres años y con diagnóstico de autismo, habría sido víctima de estos castigos junto a otros menores.

La mujer aseguró haber recibido información interna que confirma que este tipo de maltratos son comunes en el centro. “Me dijeron que hay castigos severos a los niños que no obedecen. Es traumático. Y lo más grave, no tiene licencia de funcionamiento y aun así cobran una mensualidad de 1.700 bolivianos”, sostuvo.

La gravedad de las denuncias motivó una intervención del equipo multidisciplinario de la Defensoría de la Niñez y se está solicitando al Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos) un cierre del centro. Cuando  las autoridades llegaron al Centro encontraron resistencia por parte de la directora del centro.

“La primera señal de alerta fue que la directora se negó a permitir la inspección. Eso es grave, porque la Defensoría tiene potestad legal de ingresar ante cualquier denuncia”, explicó Tatiana Herrera, directora de Género Generacional de la Alcaldía.

Durante la inspección, se evidenciaron múltiples irregularidades, la Ausencia total de cámaras de seguridad, algo considerado crítico en centros que trabajan con menores. Falta de licencia de funcionamiento, a pesar de operar desde hace al menos dos años. Y la negativa a mostrar grabaciones ante lesiones visibles en un menor, lo que genera aún más sospechas.

Ante estos hallazgos, la Defensoría ha solicitado al Sedepos proceder con el cierre del establecimiento, aunque se manejó inicialmente un plazo de 30 días para subsanar las faltas. Herrera fue contundente: “No puede permitirse que funcione un lugar sin cámaras, sin control, y con denuncias de maltrato. Es un riesgo para la integridad de los niños. Este centro debería cerrarse de inmediato”.

Los padres piden sanciones ejemplares. Temen represalias, pero también se sienten responsables de que otros niños no sufran lo mismo. “Esto no puede quedar así. Hay que proteger a los pequeños. Si no hay cámaras, no hay control y encima hay agresiones, no podemos llamarlo jardín infantil, es una amenaza”, concluyó la madre denunciante.

Las investigaciones continúan, pero los testimonios y las pruebas ya apuntan a una realidad alarmante: un jardín clandestino que operaba impunemente y que ahora enfrenta el escrutinio público y legal.