Te puede interesar:
El proceso por la muerte de cinco personas continúa con un único acusado detenido, mientras otros presuntos implicados permanecen prófugos. La defensa de dos víctimas cuestiona la declaración inicial del procesado y el juicio fue suspendido hasta diciembre para garantizar la presencia de testigos.
16/09/2026 14:00
Escuchar esta nota
El caso del quíntuple asesinato ocurrido en la comunidad de Pucamayu, cerca de Corani Pampa, ingresó a la etapa de juicio oral, después de casi dos años de investigaciones. Sin embargo, el proceso enfrenta dificultades debido a que solo uno de los acusados permanece detenido, mientras que otros presuntos implicados todavía no fueron sometidos a juicio.
El abogado Fernando Meneses, que representa a familiares de dos de las víctimas, señaló que el caso continúa rodeado de hermetismo y temor.
Entre tanto, uno de los aspectos que llamó la atención de la parte demandante durante el desarrollo de la audiencia fue la presencia de tres abogados que forman parte de la defensa del único acusado por el crimen.
Meneses cuestionó esta situación tomando en cuenta que el procesado lleva aproximadamente dos años detenido en el penal de El Abra y que, pese a ello, actualmente cuenta con un equipo de abogados para asumir su defensa.
El abogado también observó el cambio en la versión del acusado. Sostuvo que en su primera declaración el procesado habría relatado los hechos con detalles y dijo que declaraba de manera voluntaria. Ahora, en cambio, sostiene que fue presionado y torturado para brindar aquella primera versión.
Cambió su versión y ahora habla de torturas
De acuerdo con la parte querellante, otra de las contradicciones que deberán ser analizadas durante el juicio tiene relación con el idioma utilizado en sus declaraciones.
Meneses indicó que inicialmente el acusado habría declarado en español, pero actualmente sostiene que no habla ese idioma y que su declaración fue realizada en quechua.
Además, el procesado habría señalado que fue sometido a presiones, incluso por miembros de la comunidad de Pucamayu, y que algunas autoridades y efectivos policiales lo habrían engañado para lograr su entrega.
Una reconstrucción que no pudo realizarse
Durante la investigación también se solicitó una reconstrucción de los hechos. Sin embargo, esta diligencia no llegó a concretarse. El abogado de las familias mencionó que la Policía argumentó que no existían condiciones de seguridad para ingresar al lugar y que incluso se había advertido sobre el riesgo para la integridad de los investigadores.
La situación también refleja las dificultades que enfrentan las autoridades para ingresar a la comunidad, debido al control de los dirigentes y a la necesidad de coordinar previamente con las autoridades locales.
Cinco víctimas y una investigación aún abierta
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando cinco personas fueron retenidas y posteriormente encontradas sin vida en inmediaciones de Pucamayu.
Entre las víctimas se encontraban el taxista Tadashi Loroña, su esposa Trinidad Muñoz, su hermanastra Lisa Loroña, el militar en servicio pasivo Juan Carlos Román y Cristian Serna, quien también estaba relacionado con la investigación.
Cuatro cuerpos fueron encontrados en una fosa y una quinta víctima fue localizada en otra excavación.
La investigación surgió a partir de una presunta disputa relacionada con armas de fuego y una suma de dinero. Este extremo, al igual que la participación de otras personas, deberá ser esclarecido dentro del proceso judicial.
El abogado de las familias sostuvo que la primera declaración del acusado habría mencionado a otras personas como presuntos participantes, entre ellas familiares y comunarios. Sin embargo, varios de los señalados no se encuentran actualmente sometidos a juicio porque se desconoce su paradero.
El caso continuará en diciembre
El juicio oral fue suspendido hasta diciembre, principalmente para garantizar la presencia de testigos y continuar con la producción de pruebas.
A esto se suma el cambio de fiscal asignado al caso. Según la parte querellante, la nueva autoridad del Ministerio Público asumió recientemente conocimiento del proceso.
Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que el juicio permita esclarecer quiénes participaron en el crimen, cuál fue el móvil y qué ocurrió con las personas que todavía no fueron llevadas ante la justicia.
El tribunal deberá valorar las declaraciones, pruebas documentales, testimonios y demás elementos incorporados al proceso antes de establecer responsabilidades penales.