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24/11/2020 - 11:19

Política

Rodas: "Enviaremos a la Fiscalía una lista de 495 víctimas de persecución ejercida desde Migración"

"De 1.061 alertas migratorias, emitidas durante régimen de Jeanine Añez, el 42% no tenían sustento legal", manifestó el viceministro de Régimen Interior y Policía.

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En horas de la mañana, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, informó que se enviará a la Fiscalía una lista de 495 casos de persecución política ejercida desde la Dirección de Migración, cuando era dirigida por Marcel Rivas, quien actualmente se encuentra detenido, acusado de facilitar la salida irregular de los exministros, Arturo Murillo y Luis Fernando López. 

"En el marco de la querella penal contra el exdirector general de Migración, Marcel Rivas, se remitirá al Ministerio Público la información que se está acopiando de 495 alertas migratorias y corresponden a políticos, empresarios, periodistas, empresarios y otras personas", manifestó la autoridad.

Asimismo, indicó que se ha logrado identificar a personas con una " alertar migratoria", en base a criterios políticos, las cuales coartaban sus libertades como ciudadanos.

"De 1.061 alertas migratorias, emitidas durante régimen de Jeanine Añez, el 42% no tenían sustento legal, vinculado con el mecanismo de arraigo que aplica la Justicia en el marco de investigaciones judiciales y sanciones penales", explicó Rodas.

Bajo esta línea, la autoridad de Gobierno, mencionó que la Dirección General de Migración emitió discrecionalmente, por órdenes ejecutivas, alertas migratorias sin sustento jurídico, denuncia o requerimiento del Fiscal.

"Este tipo de acción es ilegal, representa abuso de poder, uso de tráfico de influencias, porque nadie puede ser privado de su derecho a la libre locomoción, a salir o entrar al país, sino está acusado de un delito, sino esta requerido por la justicia", sentenció.

Finalmente, Rodas dejó establecido que una autoridad administrativa como es el Director de Migración no puede emitir estas alertas migratorias, porque es un recurso usado por el Ministerio Público y la justicia para impedir la salida del país a una persona investigada, citada, procesada y no fue encontrada, pueda salir del país.
 

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