Senadora Salame advierte que acción popular busca inhabilitar a quienes ya cumplieron dos periodos constitucionales

La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la acción popular admitida por una sala constitucional en el Beni tiene un claro componente político y pretende inhabilitar a candidatos que ya ejercieron dos periodos constitucionales, a pocos meses de las elecciones generales de 2025.

Según explicó, la acción no cuestiona la falta de renuncia de autoridades electas, sino que apunta directamente contra quienes ya cumplieron dos gestiones en cargos públicos de elección popular. “Esta acción está indicando que un candidato que ya hubiese ejercido dos periodos en un cargo electo no podría postular por una tercera oportunidad”, afirmó Salame a la Red Uno.

La senadora cuestionó la legalidad del recurso y advirtió que no hay un derecho fundamental o colectivo vulnerado que justifique su tratamiento. “La acción popular es para defender derechos colectivos, y este no es el caso. No se ha demostrado qué derecho de la accionante ha sido afectado”, expresó.

La senadora criticó además la forma en que se ha manejado el proceso. “La acción fue presentada en mayo, se señaló una audiencia para junio sin que nadie lo supiera, y ahora se reprograma para este lunes. Es llamativo el manejo silencioso y desprolijo de este proceso”, señaló.

En ese sentido, denunció un posible trasfondo político detrás del recurso. “Mi intuición me hace llegar a la conclusión de que tiene que ser alguno de los propios candidatos que no se vería afectado por esta acción, y que busca eliminar competencia”, advirtió.

Asimismo, la legisladora manifestó su preocupación por el rol del Órgano Judicial en el Beni, departamento donde se ha vuelto recurrente el uso de recursos judiciales para interferir en los procesos electorales. “Los tentáculos de los autoprorrogados han llegado hasta la sala del Beni, desde donde históricamente se presentan acciones para perjudicar las elecciones”, alertó.

Salame instó a las instituciones judiciales a no prestarse a maniobras que puedan alterar la voluntad popular y afectar el normal desarrollo del proceso democrático en el país.

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