“Van a contar muertos”: rechazo político y social a las amenazas de Ruth Nina ante las elecciones

Diversos actores políticos y sociales expresaron este domingo un enérgico rechazo a las recientes amenazas lanzadas por la dirigente de PAN-BOL, Ruth Nina, y sectores afines al expresidente Evo Morales, quienes advirtieron con generar violencia en caso de que no se habilite su candidatura en las elecciones del próximo 17 de agosto.

Desde la oposición, el diputado Walthy Egüez (Creemos) calificó como “inadmisibles” las declaraciones que sugieren sabotear el proceso electoral y advirtió que los defensores de la democracia no permitirán retrocesos como los vividos en el pasado.

“Don Evo Morales si la tiene clara por lo del 2019, que no se atreva a atentar contra la democracia, porque quienes la defendemos no vamos a cometer los mismos errores”, afirmó Egüez en referencia al conflicto poselectoral que derivó en su renuncia hace seis años.

Desde la sociedad civil, agrupaciones juveniles y ciudadanas de La Paz también alzaron la voz contra las amenazas del bloque evista.

"El señor Evo Morales está completamente inhabilitado. Para nosotros es irrelevante, no nos representa. Exigimos al TSE que garantizan unas elecciones pacíficas, transparentes y seguras el 17 de agosto", expresó en un pronunciamiento conjunto.

Los colectivos coincidieron en que los jóvenes no se sienten identificados con una figura política que, según sostienen, ha perdido legitimidad ante una nueva generación que apuesta por la renovación, el respeto a las normas y la institucionalidad democrática.

Por su parte la diputada Luis Nayar (CC) a través de sus redes sociales manifestó: "Rechazo rotundamente las declaraciones de Ruth Nina. Estas palabras constituyen una amenaza directa contra la democracia y la vida de los bolivianos. Anuncio que asumiré las acciones legales pertinentes contra esta señora. ¡La democracia se defiende con firmeza! ¡Nadie se cansa!".

Las advertencias de Ruth Nina, que incluyen expresiones como “el 17 de agosto van a contar muertos”, generaron un rechazo generalizado y fueron calificadas como apología de la violencia y atentado contra el derecho al voto de más de 7,5 millones de bolivianos.

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