Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan fueron imputados por diferentes delitos debido a los hechos registrados durante el paro de 36 días entre octubre y noviembre de 2022.
20/10/2023 18:07
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Este viernes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, negó una supuesta persecución política contra cívicos cruceños, imputados por el paro de 36 días en 2022, y aclaró que el Gobierno nacional respeta la independencia de los órganos del Estado.
“No hay persecución política, lo hemos dicho muchas veces, no existe una persecución política. Nosotros estamos en un Gobierno democrático, en el que se respeta la independencia de los órganos del Estado, en el que se respeta el debido proceso de todos los bolivianos y bolivianas”, dijo la autoridad, en contacto con los periodistas.
Ayer, el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar; el vicerrector Reinerio Vargas; y el asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de terrorismo, racismo y discriminación, entre otros, debido a los hechos registrados durante el paro de 36 días en Santa Cruz, en octubre y noviembre de 2022 para exigir que el censo se realice en 2023.
El Comité Cívico pro Santa Cruz, encabezado por Fernando Mario Ovidio Larach, calificó esa imputación como un “nuevo acto de persecución política”. Asimismo, la Coordinadora de la Democracia consideró injusta la medida y anunció que tomará acciones en contra de esa decisión del Ministerio Público, a la que calificó como persecución política.
La viceministra señaló que, según información oficial, ese caso tiene más de 10 meses en curso, las investigaciones se llevan adelante en la Fiscalía y el Ejecutivo no se pronuncia sobre el mismo, al igual que en otros procesos “que están en esa etapa, en los tribunales”.
“Sí les decimos lo que al país le hemos dicho en muchas oportunidades: estamos en un Gobierno democrático, en el que se respeta el debido proceso, la independencia de los órganos del Estado y está en esa etapa, no como persecución política. Por eso, evitamos también referirnos al tema”, remarcó.
En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo no puede pronunciarse sobre casos que aún estén abiertos y siendo tratados en los tribunales, por lo que evitó dar más declaraciones al respecto.
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