El Gobierno defiende el Decreto Supremo 5676 y asegura que el nuevo esquema busca frenar el contrabando y atraer importadores privados.
17/08/2026 9:27
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Desde la Casa Grande del Pueblo, el Gobierno defendió el Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, mientras que los demás consumidores mantienen el precio establecido para el mercado interno.
Coyuntura internacional y su efecto en el precio del combustible
El Ejecutivo explicó que durante los últimos años se utilizaron las Reservas Internacionales Netas y las reservas de oro para sostener el precio de los combustibles, mientras Bolivia pasó de producir diésel a depender cada vez más de las importaciones.
Las autoridades también atribuyeron parte de la actual crisis al incremento del precio internacional del petróleo y a las dificultades para garantizar la disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales.
Según el Gobierno, el nuevo esquema busca reducir el incentivo al contrabando, debido a que el diésel subvencionado en Bolivia termina siendo comercializado en países vecinos a precios mayores. Las autoridades señalaron que los grandes consumidores ya estaban adquiriendo el combustible en un mercado paralelo a precios que oscilaban entre Bs 18 y Bs 25 por litro.
“Tenemos que empezar a plantear cómo garantizamos el abastecimiento logrando traer el precio sin que le genere estos costos excesivos y absurdos al presupuesto nacional del Estado”, explicó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.
Competencia a nivel global respecto al precio de los carburantes
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que los Bs 18 establecidos inicialmente para los grandes consumidores corresponden a un precio referencial. Señaló que posteriormente este monto tendrá una variabilidad de acuerdo con el comportamiento del mercado y los costos asociados a la importación.
Blanco sostuvo que el precio fijado inicialmente incluso se encuentra por debajo de los valores que algunos grandes consumidores ya estaban pagando en el mercado paralelo. Según explicó, ese precio había oscilado entre Bs 18 y Bs 25 por litro.
El ministro remarcó que la medida busca generar condiciones para que los privados tengan incentivos para importar diésel y venderlo en el mercado nacional. La intención, explicó, es ampliar la oferta y evitar las distorsiones que se generaban cuando el precio interno se encontraba por debajo del costo de importación.
“Lo único que estamos haciendo es sincerar el precio”, afirmó Blanco al explicar el objetivo de la nueva política.
El ministro también explicó que el problema del contrabando está directamente relacionado con la diferencia de precios. Según su argumento, mientras el combustible pueda adquirirse a un precio menor en Bolivia y venderse a un valor superior en otro país, existirá un incentivo para sacarlo ilegalmente del territorio nacional.
En ese sentido, sostuvo que la liberación del precio para determinados segmentos permitirá reducir esa distorsión y, al mismo tiempo, incentivar la participación de proveedores privados.
Incremento será gradual
Blanco aclaró además que la implementación del nuevo esquema será gradual. La autoridad reconoció que las filas en las estaciones de servicio no desaparecerán de manera inmediata y pidió tiempo para que las nuevas medidas comiencen a generar resultados.
Respecto a la actual escasez, el ministro evitó establecer una fecha exacta para la normalización del abastecimiento. Explicó que el Gobierno trabaja de manera permanente para resolver el problema y reconoció la preocupación de la población por las largas filas.
“No es normal esto y estamos trabajando en él porque tenemos las instrucciones claras de nuestro presidente”, manifestó Blanco, quien además pidió disculpas a la población por las dificultades registradas.
Otro de los objetivos señalados por el ministro es determinar con mayor precisión cuánto diésel consume realmente el mercado boliviano. Explicó que el contrabando distorsionó durante años las cifras de demanda interna, debido a que parte del combustible adquirido con recursos destinados al mercado nacional terminaba saliendo del país.
Por ello, el Gobierno espera que, una vez aplicada la nueva política y reducida esa distorsión, se pueda conocer con mayor claridad el volumen real de consumo de diésel en Bolivia.
Las autoridades sostienen que la apertura a proveedores privados y el sinceramiento del precio forman parte de una estrategia para garantizar el abastecimiento y reducir el costo que representa para el Estado mantener un combustible importado a un precio inferior al de su adquisición.
El Gobierno anunció que la aplicación del nuevo esquema será progresiva y que se deberán esperar los resultados de la transición para determinar si las medidas logran reducir las filas, mejorar la oferta de diésel y disminuir el contrabando.
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