Caso Huayllani: Fiscalía asegura que citaciones a periodistas quedaron sin efecto

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, aseguró que los requerimientos de toma de declaraciones a periodistas por el caso Huayllani fueron levantados, en concordancia con la Ley de Imprenta que exime a los periodistas de comparecer ante la justicia ordinaria, informó la agencia ANF.

“La comisión de fiscales habría emitido ordenes de citación para recibir testimonios de muchos ciudadanos durante todo este tiempo y entre ellos habría librado las citaciones hacia periodistas. Estas circunstancias, en virtud a le Ley de Imprenta y a la necesidad de realizar los actos de manera exhaustiva, se ha equilibrado los derechos que asisten a los periodistas, por lo cual estas órdenes han sido dejada sin efecto”, indicó la autoridad departamental del Ministerio Público la pasada jornada.

La comisión de fiscales del caso Huayllani citó, para el 31 de agosto, a los periodistas Javier Martín Colque y Robert José Valdivia Gutiérrez para que brinden sus declaraciones en calidad de testigos por los hechos violentos de noviembre de 2019, donde ambos comunicadores realizaban labores de cobertura periodística; esta citación quedó sin efecto porque hubo errores de formalidad en las notificaciones. Sin embargo, amenazaron nuevamente a los comunicadores con expedir un mandamiento de aprehensión si no comparecen el 12 de septiembre.

“Hacer la aclaración de que la intención y la voluntad de la comisión (de fiscales) ha sido en la vía de la objetividad y particularmente en el principio de exhaustividad, agotar todas las posibilidades de acopio de información; más allá de ello, entiendo que la orden está dejada sin efecto y también nosotros estamos queriendo reafirmar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y también de los periodistas conforme a lineamientos que se tienen desde la Fiscalía General del Estado”, resaltó Gonzales.

La fiscal indicó que el caso Hayllani se encuentra en etapa preparatoria y los seis meses de esa primera fase vencen en octubre. En este proceso se investiga la muerte de 12 personas y decenas de heridos durante operaciones combinadas entre policías y militares en los conflictos postelectorales de 2019.