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El presidente cívico cuestionó que el nuevo esquema establezca precios diferenciados entre sectores y advirtió que un aumento en los costos de los productores podría trasladarse al consumidor final. También planteó revisar la subvención y ampliar la participación privada.
17/08/2026 10:08
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El nuevo esquema de comercialización del diésel, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro para determinados consumidores, genera preocupación por el posible impacto que podría tener sobre los costos de producción y, posteriormente, en el precio de los alimentos.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó la diferenciación establecida entre los sectores que accederán al combustible a precio regulado y aquellos que deberán pagar el nuevo valor referencial.
Según el líder cívico, si el incremento alcanza a sectores productivos que utilizan diésel para desarrollar sus actividades, los mayores costos podrían terminar trasladándose al consumidor final.
“Lo que vamos a pagar el precio vamos a hacer los ciudadanos, porque si sube el productor va a subir el alimento”, sostuvo Cochamanidis.
Cuestionan precios diferenciados para el diésel
Una de las principales observaciones está relacionada con la definición de los grandes consumidores alcanzados por el Decreto Supremo 5676.
Cochamanidis pidió aclarar qué sectores ingresarán en esta categoría y bajo qué criterios se determinará quién debe pagar el precio referencial y quién podrá continuar accediendo al combustible regulado.
También cuestionó que el transporte pesado mantenga el precio regulado mientras otros sectores que demandan importantes cantidades de combustible deberán acogerse al nuevo esquema.
A criterio de Cochamanidis, la discusión debe considerar el impacto que cualquier incremento en los costos de producción puede generar sobre el resto de la cadena económica.
“La subvención no es la solución”
El presidente cívico reconoció que el actual modelo de subvención de los combustibles requiere cambios, pero sostuvo que las medidas no deberían generar diferencias que terminen perjudicando a determinados sectores.
“Siempre hemos dicho, la subvención no es la solución a esto, pero tampoco es castigar a uno y beneficiar a otro”, afirmó.
En ese sentido, planteó analizar alternativas que reduzcan las diferencias en los precios y permitan avanzar hacia un nuevo modelo de comercialización de carburantes.
Plantean mayor participación privada
Cochamanidis cuestionó el papel que actualmente desempeñan YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el sector y planteó una mayor apertura a la participación de empresas privadas.
El presidente cívico fue crítico con los controles aplicados a la comercialización del diésel subvencionado y consideró que los mecanismos vigentes no han logrado frenar el contrabando ni otras irregularidades. Además, cuestionó los criterios utilizados para determinar quiénes pueden acceder al combustible a precio regulado.
En ese sentido, pidió revisar el papel de las instituciones encargadas de fiscalizar el sector y fortalecer los controles para evitar el desvío de carburantes.
A su criterio, una mayor participación privada en la importación y comercialización de combustibles podría generar competencia y ampliar la oferta disponible en el mercado nacional.
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