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El diputado Carlos Alarcón sostuvo que el caso debe esclarecer posibles vínculos con otros funcionarios y las fallas de control dentro de la cárcel.
26/10/2026 10:42
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Dos policías recibieron cuatro meses de detención preventiva por su presunta participación en la entrega de un teléfono celular a Roger Mariaca, exfiscal general del Estado, recluido en el penal de Cantumarca, en Potosí. La decisión judicial se conoció después de una audiencia que se prolongó por casi diez horas.
En el mismo proceso, otros tres efectivos policiales recibieron detención domiciliaria con custodia policial permanente. La investigación busca establecer cómo llegó el dispositivo a manos de Mariaca, pese a las restricciones de comunicación que debía cumplir durante su detención preventiva.
El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que la presunta participación de policías en estos hechos no puede analizarse de manera aislada y planteó que las pesquisas deben determinar si existen conexiones con una estructura de mayor alcance.
Alarcón vincula la entrega del celular con una presunta estructura criminal
Alarcón sostuvo que las restricciones de comunicación impuestas a una persona detenida preventivamente buscan evitar que pueda interferir en las investigaciones o coordinar acciones con personas del exterior. En ese contexto, cuestionó que los presuntos involucrados en la entrega del dispositivo sean efectivos policiales.
“Por eso la restricción a tener comunicación con el exterior y en este caso, al ser policías los que le han facilitado la violación de esta prohibición, queda claro que esto es parte de esta estructura bastante compleja que conformó Mariaca para que el Ministerio Público esté al servicio de la delincuencia”, manifestó el legislador.
El diputado consideró que la investigación debe establecer si los policías actuaron por cuenta propia o si recibieron instrucciones de otras personas. También planteó que se determine si las comunicaciones realizadas desde el recinto penitenciario pudieron utilizarse para obstaculizar las pesquisas.
También sostuvo que el caso se enmarca en una problemática que, a su criterio, trasciende las fronteras nacionales y puede involucrar a organizaciones criminales con ramificaciones en distintas instituciones. Sin embargo, la existencia y el alcance de esos posibles vínculos deberán ser establecidos por las autoridades a partir de los elementos de la investigación.
Piden investigar posibles vínculos con exautoridades y exparlamentarios
El legislador señaló que las pesquisas no deben limitarse a los policías investigados y que también corresponde examinar cualquier indicio que involucre a otras personas, incluidos exparlamentarios y exautoridades.
Consultado sobre las versiones de presuntos pagos a legisladores para favorecer la elección de Mariaca como fiscal general, Alarcón afirmó que esos hechos deben ser investigados si existen elementos que los respalden.
“Todo, no puede haber nada que no se investigue si hay los indicios concluyentes de que sea de esta legislatura o de la anterior, todo eso tiene que ser parte de la investigación del Ministerio Público”, sostuvo.
El diputado añadió que las investigaciones deben determinar hasta dónde llegan las posibles ramificaciones de la estructura que atribuye a Mariaca. También mencionó la posibilidad de que surjan nuevos elementos relacionados con funcionarios de otras instituciones, aunque cualquier responsabilidad deberá sustentarse en pruebas y establecerse mediante el procedimiento correspondiente.
El caso vuelve a cuestionar los controles en Cantumarca
La presunta entrega del celular también puso en cuestión los mecanismos de seguridad del penal de Cantumarca. La investigación deberá esclarecer cómo ingresó el dispositivo, quién lo facilitó y qué controles fallaron para permitir que llegara a manos del exfiscal general.
Alarcón cuestionó el estado de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y perseguir los delitos. Al referirse a los recintos penitenciarios, planteó que las deficiencias en los niveles superiores del sistema estatal también repercuten en los mecanismos de control dentro de las cárceles.
“¿Qué puedes esperar en ese escenario del último eslabón del sistema de defensa del Estado y de la sociedad que son los recintos penitenciarios?”, expresó.
El legislador también señaló que el nuevo fiscal general interino, José Armando Urioste, debe avanzar en la revisión de la estructura del Ministerio Público y en las investigaciones sobre posibles vínculos con organizaciones criminales.