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Exministra Lizárraga es declarada rebelde en proceso por el caso municiones

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la decisión se tomó en audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta que la imputada no se presentó a pesar de haber sido notificada por edictos

23/03/2022 23:30

La Paz - Bolivia

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Este miércoles, el Juez 10° de Instrucción en lo Penal declaró rebelde a la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, imputada por presuntamente facilitar el ingreso de armamento no letal enviado de Ecuador a Bolivia en 2019, informó la Fiscalía.

La decisión se tomó en audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta que la imputada no se presentó a pesar de haber sido notificada por edictos, explicó el fiscal departamental William Alave.

“Al haberse cumplido con la notificación legal, mediante edictos como dispone la norma, la imputada no asistió a la audiencia ni justificó su inasistencia, el juez valoró esos extremos y declaró la rebeldía, pues no se sometió a la investigación por los presuntos delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes”, declaró Alave.

Roxana Lizárraga, que ejerció el cargo durante el gobierno de Jeanine Áñez, está imputada por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas; Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales e Incumplimiento de Deberes.

En junio de 2021, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el gobierno de Jeanine Áñez tramitó con su par de Ecuador el suministro de lo que llamó “munición de guerra”, pero desde ese país informaron que mandaron material antimotín. Fue por esta denuncia que abrieron un proceso en contra de la exministra.

Según la investigación, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Áñez, en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de Ecuador y se habría acordado que se envíe armamento no letal, es decir equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal. 

En específico, se la acusa de haber viabilizado la llegada de 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

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