Caso consorcio: Fiscalía levanta reserva y aguarda apelación de acusados

El Ministerio Público decidió levantar la reserva del denominado 'caso consorcio, una investigación que reveló la presunta existencia de una red de autoridades judiciales, exfuncionarios y operadores de justicia que habrían intentado destituir de forma irregular a la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Fanny Coaquira, mediante una acción judicial promovida por un juez de primera instancia.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la comisión de fiscales a cargo resolvió que ya no era pertinente mantener la reserva, ya que no se prevén más ampliaciones sobre los hechos investigados.

“La reserva se ha levantado, no se ha visto por conveniente por parte de la comisión de fiscales continuar con esta medida, ya que no es pertinente seguir con ampliaciones”, explicó Torrez en contacto con la prensa.

Hasta el momento, el proceso penal tiene a siete personas imputadas, entre ellas el exministro de Justicia César Siles, la exvocal Claudia Castro y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quienes fueron enviados a distintos centros penitenciarios bajo detención preventiva. Actualmente, permanecen internados en centros médicos por problemas de salud.

Otros implicados, como el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero; el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yván Córdoba; un abogado particular y un exfuncionario judicial, se encuentran con medidas de detención domiciliaria.

La Fiscalía anunció que está a la espera de la programación de la audiencia de apelación para intentar revertir esta decisión y solicitar la reclusión preventiva de estos últimos.

“Estamos esperando que se haya remitido a una sala para que podamos fundamentar en la audiencia y lograr la modificación de esas medidas cautelares”, agregó Torrez.

El caso salió a la luz tras la filtración de una conversación telefónica en la que se escucha al exministro Siles conversando con un juez, quien le solicita respaldo político para activar una acción judicial con el fin de destituir a la magistrada Fanny Coaquira, elegida en los comicios judiciales.

El levantamiento de la reserva permite ahora un mayor acceso a la información para la ciudadanía y la prensa, en una investigación que cuestiona la independencia judicial y la integridad institucional del sistema de justicia boliviano.