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Los depósitos judiciales que no sean reclamados podrían convertirse en recursos para modernizar la justicia boliviana. El viceministro Yamil García afirmó que los fondos se destinarán a la digitalización, mejoras en infraestructura y una atención más ágil para los ciudadanos.
21/10/2026 8:48
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que los recursos provenientes de depósitos judiciales no reclamados se destinarán a modernizar el sistema de justicia, mejorar la infraestructura y facilitar la atención a la población.
“Estos no son recursos de libre disponibilidad”, enfatizó al explicar el alcance del proyecto de ley sobre depósitos judiciales, impulsado por el Órgano Judicial.
García precisó que la norma contempla una clasificación que deberá reglamentarse para determinar qué depósitos podrán consolidarse a favor del Órgano Judicial. Añadió que todavía no existe una cuantificación económica de los recursos que podrían destinarse a estos fines.
El viceministro señaló que una de las prioridades será avanzar hacia una justicia digital que permita a los ciudadanos consultar expedientes, presentar memoriales e interactuar con las autoridades judiciales desde sus teléfonos celulares.
Según García, esta modernización busca reducir las dificultades que enfrentan los usuarios al realizar trámites y facilitar el acceso a los servicios judiciales.
Mejoras en la infraestructura judicial
La autoridad también indicó que los recursos podrán contribuir a mejorar la infraestructura de los juzgados, cuyas deficiencias, afirmó, no fueron atendidas históricamente por anteriores gobiernos.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo es transformar las condiciones de acceso a la justicia y priorizar las necesidades de los litigantes por encima de las comodidades de las autoridades judiciales.
La Ley N.º 1779, promulgada el 19 de octubre de 2026, establece un plazo de cinco años para reclamar la devolución de depósitos judiciales y regula la consolidación de los fondos no reclamados a favor del Órgano Judicial, conforme a los procedimientos previstos en la norma.
Como parte de las acciones para fortalecer el sistema judicial, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se encuentra en Panamá, donde gestiona recursos destinados a impulsar este sector.