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Las medidas permitirán detener nuevas incineraciones, solicitar un análisis independiente de las contramuestras y acceder a los antecedentes de la investigación, que hasta ahora se encontraban bajo reserva.
21/10/2026 8:43
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Un juez de garantía de Arica, Chile, ordenó suspender por 60 días la destrucción de madera boliviana incautada en ese país y abrió la posibilidad de realizar un peritaje independiente para verificar la presunta presencia de sustancias controladas en la carga forestal. Además, dispuso levantar la reserva de la investigación, según el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
Ante la determinación, expresó su satisfacción por las decisiones judiciales adoptadas durante una audiencia y señaló que responden a las solicitudes del sector maderero exportador, empresarios y autoridades bolivianas.
Las medidas permitirán detener nuevas incineraciones, solicitar un análisis independiente de las contramuestras y acceder a los antecedentes de la investigación, que hasta ahora se encontraban bajo reserva.
Nueva pericia se definirá el 29 de octubre
Rodríguez explicó que la realización del nuevo peritaje será analizada en una audiencia prevista para el jueves 29 de octubre, cuando se deberá definir qué laboratorio u organismo estará a cargo del examen.
La revisión busca establecer si existen elementos técnicos que confirmen o descarten la presunta presencia de sustancias controladas en la madera exportada desde Bolivia.
El juez también autorizó la posibilidad de que las defensas soliciten un análisis con otro laboratorio estatal y cuenten con la participación de un perito químico privado para acompañar el procedimiento.
El abogado de los exportadores, José Antonio Villalobos, indicó que la suspensión de la destrucción de la mercancía es prorrogable, en función de los resultados de los nuevos análisis y de los antecedentes que se incorporen al proceso.
La carga pertenece a 23 empresas bolivianas
El caso se remonta al 8 de junio, cuando el fiscal regional de Arica informó sobre la incautación de 108 toneladas de madera presuntamente impregnada con sustancias controladas, dentro de un cargamento de más de 1.000 toneladas de productos forestales bolivianos destinados a mercados de ultramar.
Según el IBCE, la retención afectó a 23 empresas exportadoras y cerca de 60 contenedores. La institución estima que el perjuicio económico alcanza los 50 millones de dólares.
La situación también generó preocupación por sus posibles efectos en la reputación del sector forestal boliviano, la pérdida de clientes internacionales y el empleo vinculado a la cadena productiva maderera.
Exportadores cuestionan los procedimientos
Las empresas afectadas cuestionaron la representatividad de las muestras utilizadas para determinar la presunta contaminación de los cargamentos y solicitaron nuevas comprobaciones técnicas.
Entre sus observaciones figuran los métodos de análisis empleados y la posibilidad de contaminación cruzada. Por su parte, representantes bolivianos sostienen que los resultados reportados podrían corresponder a falsos positivos.
Rodríguez afirmó que las decisiones judiciales permitirán revisar las pruebas y las actuaciones realizadas durante la investigación. También pidió que se respeten las garantías del debido proceso y los acuerdos internacionales que regulan el tránsito comercial boliviano por territorio chileno.