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Gustavo Torrico: Aprehender a Evo en el Trópico pondría vidas en riesgo

La autoridad afirmó que en el Trópico opera una “dictadura narcosindical”, donde se impide el ingreso de la fuerza pública con el pretexto de una campaña electoral.

02/07/2025 20:51

Foto: Gustavo Torrico, viceministro Coordinación Gubernamental (Red Uno)
La Paz

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El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó este miércoles cualquier posibilidad de enviar efectivos policiales al Trópico de Cochabamba para aprehender al expresidente Evo Morales, al considerar que ello pondría en riesgo innecesario la vida de uniformados ante un escenario controlado por lo que calificó como una "dictadura narcosindical".

“No vamos a mandar a morir gente por un loco que está ahí”, declaró Torrico en referencia directa a Morales, actual líder cocalero y principal dirigente de los sectores movilizados que protagonizaron dos semanas de violentos bloqueos en diferentes puntos del país.

La autoridad señaló que en el Trópico "opera una dictadura narcosindical", donde se impide el ingreso de la fuerza pública bajo el argumento de campaña electoral. “El gran problema es esa dictadura narcosindical que se está llevando en el Chapare, donde a título de campaña electoral están pretendiendo que no ingrese la fuerza pública, pero sabemos que ahí opera el narcotráfico”, advirtió Torrico.

Enfatizó, sin embargo, que no todo el Chapare está involucrado en estas actividades ilícitas, y destacó que existen sectores dedicados legítimamente a la agricultura, la hotelería y la exportación, que también sufren las consecuencias de la violencia generada por grupos radicales.

Torrico recordó casos recientes que demuestran el peligro que supone intervenir en zonas controladas por estos sectores, como la emboscada mortal en Llallagua, donde murieron policías y civiles. “Imagínense lo que va a ocurrir ahí adentro en las campañas electorales de los candidatos”, alertó, deslindando responsabilidades en este ámbito que, según él, deben ser asumidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público, no solo por el Ejecutivo.

 

 

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