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Juicio por el caso Las Londras arranca tras casi cuatro años del ataque a periodistas

Solo dos de los cinco acusados comparecieron ante el Tribunal; las víctimas piden justicia por el secuestro y agresión sufridos en 2021.

Foto: Archivos
Santa Cruz, Bolivia

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Después de casi cuatro años, este miércoles 9 de julio comenzó en Concepción, Santa Cruz, el juicio oral por el caso Las Londras, uno de los hechos más graves de violencia contra periodistas en los últimos años en Bolivia.

El proceso busca esclarecer lo ocurrido el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo de periodistas y policías fue emboscado, secuestrado y amenazado por encapuchados armados mientras cubrían un conflicto de tierras en la provincia Guarayos.

Las víctimas aseguran que fueron retenidas durante más de siete horas, bajo amenazas de muerte y en condiciones de extremo riesgo. Pese a la contundencia de las denuncias, el caso ha sufrido una serie de retrasos y trabas judiciales que impidieron su avance durante casi cuatro años.

En la audiencia de este miércoles, solo dos de los cinco acusados —Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira— se presentaron ante el Tribunal de Sentencia. Los otros tres, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada, no asistieron y continúan con órdenes de aprehensión vigentes.

Durante la sesión, Paulino Camacho sorprendió al tribunal con declaraciones que sugieren la existencia de protección política.

Según Roberto Méndez, asesor jurídico de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Camacho afirmó que “botó a su abogado porque le hacía más caso al ministro que a él”. “Estas palabras confirman nuestras sospechas de que hubo una red de protección a los acusados, aunque no precisó a qué ministro se refería”, comentó Méndez.

También se presentó de forma voluntaria un policía que estuvo en el lugar del hecho, y su testimonio ratificó la violencia ejercida contra periodistas y uniformados ese día.

Para los afectados, la instalación del juicio representa un paso importante luego de años de espera. “Es un avance, aunque aún parcial. Lo importante es que se juzgue a los responsables y se envíe un mensaje claro contra la impunidad”, concluyó Méndez.

 

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