Lima sostiene que sentencia del TCP "ratifica que hubo golpe de Estado"

Después que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0052/2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que con ese fallo se ratifica que hubo un “golpe de Estado” de 2019 y que la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez fue un Gobierno de facto, aunque al mismo tiempo anticipó que no anularán toda la normativa que se generó en ese espacio de tiempo.

“El hecho de ser un gobierno de facto implica una sanción penal, reestablecer la democracia, no necesariamente implica que las normas emitidas en el Gobierno de facto sean expulsadas inmediatamente de la vida jurídica, es un proceso en el que se tiene que contrastar la seguridad boliviana o la sanción penal”, dijo Lima, en conferencia de prensa.

Jeanine Áñez era en 2019 la vicepresidenta segunda del Senado, pero el 12 de noviembre de ese año asumió la presidencia del Senado y del Estado, bajo el criterio de que habían renunciado quienes le precedían en la línea sucesoria.

La Sentencia 052/2021, si bien no menciona a Añez, establece que el mecanismo de su sucesión Ipso Facto no se puede aplicar en las cámaras legislativas, incluyendo el Senado, y que la renuncia por Twitter de la entonces diputada Susana Rivero no era válida y continuaba como primera vicepresidenta de Diputados hasta que renunció formalmente el 14 de noviembre de 2019.

Lima explicó que, de acuerdo con la sentencia del TCP, el mecanismo Ipso Facto sólo procede para la sucesión del Presidente al Vicepresidente del Estado, en ese entonces Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, y que las renuncias en el Legislativo deben presentarse de manera escrita y no por redes sociales.

"El Tribunal Constitucional estableció que ni la Segunda Vicepresidencia puede asumir la presidencia del país. Esta situación está cerrada", dijo el Ministro de Justicia en conferencia de prensa.

Señaló que en 2019 Añez no podía asumir la presidencia del Senado, y luego del Estado, de forma Ipso Facto, sino se debía sesionar para elegir una nueva directiva de la Cámara de Senadores, siempre y cuando se aceptara la renuncia de su entonces presidenta Adriana Salvatierra.

"Fue un gobierno de facto, no fue de derecho, no fue constitucional. Entonces, por un principio de derecho y seguridad jurídica muchas de las decisiones que se tomó serán llevadas al Tribunal Constitucional y se declararán nulas como corresponde, hemos derogado la mayor parte de sus normativas (…) el hecho de que sea un gobierno de facto no significa que sus normas sean expulsadas inmediatamente", advirtió Lima.

Iván Lima afirmó que, con esta sentencia, más las decisiones del Ministerio Público para cerrar el caso fraude electoral, concluye el debate sobre si en el país hubo un golpe de Estado.