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El abogado Samuel Durán cuestionó las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial y aseguró que Fernández no está escondido. La Justicia lo declaró en rebeldía tras su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares.
28/10/2026 8:08
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El abogado del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, Samuel Durán, justificó la inasistencia de su defendido a la audiencia de medidas cautelares y denunció una supuesta parcialización de la justicia.
Según el jurista, la defensa decidió no presentarse debido a que considera que no existen garantías para el debido proceso.
“Lo que decidimos fue no presentarnos, porque no existen las garantías del debido proceso para que se presente. La principal, un juez imparcial que imparta justicia”, afirmó Durán durante una entrevista en El Mañanero.
El abogado cuestionó los cambios en la fecha de la audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 9 de noviembre, luego fue reprogramada para el 27 de noviembre y finalmente se fijó para el 27 de octubre.
También puso en duda cómo el alcalde Manuel Saavedra habría conocido anticipadamente la fecha y hora de la audiencia, antes de que el decreto judicial fuera publicado en el sistema correspondiente.
“No está escondido. Hay una diferencia entre esconderse y evadir la justicia, a ponerse a buen recaudo y no someterse a una justicia que está parcializada”, manifestó.
Aseguró que el exalcalde permanece en su domicilio y continúa con sus actividades cotidianas, aunque toma precauciones ante la posibilidad de ser aprehendido.
Respecto a la investigación por presunta malversación de Bs 191 millones, el abogado explicó que los recursos estaban destinados a 17 obras municipales, de las cuales, según su versión, entre 12 y 13 fueron ejecutadas.
Indicó que una de las obras pendientes era el viaducto de la doble vía a La Guardia, cuya empresa constructora habría desistido de continuar los trabajos después del incremento del dólar y devuelto los recursos al municipio tras la ejecución de la boleta de garantía.
Según Durán, posteriormente se intentó licitar nuevamente la obra, pero ninguna empresa se presentó. En ese contexto, afirmó que los recursos fueron destinados a cubrir otras necesidades municipales, como salud, educación y otros gastos.
El jurista sostuvo que, si bien se dispuso de fondos para otros fines, considera que no se demostraron el dolo ni el daño a la ciudadanía, elementos que, a su criterio, deben analizarse para determinar si corresponde el delito de malversación.
Finalmente, indicó que la defensa analizará las alternativas jurídicas antes de definir cómo proceder. Reiteró que, a su juicio, existe una persecución desde el Ejecutivo municipal y una supuesta parcialización judicial.