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La presidenta del Concejo Municipal advirtió que Migración debe evitar la fuga del exalcalde y remarcó que la exautoridad debe "devolver centavo a centavo" los recursos del municipio presuntamente malversados.
27/10/2026 17:44
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Tras la declaratoria de rebeldía y la emisión de las órdenes judiciales contra el exalcalde Max Jhonny Fernández Saucedo, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, se pronunció de manera contundente para exigir celeridad a las autoridades y la adopción de medidas estrictas para evitar que la exautoridad abandone el país.
"Esto no nos sorprende y lo que corresponde ahora es que la Policía ejecute de manera inmediata esta orden de aprehensión", aseveró Nayar, remarcando las responsabilidades operativas que recaen sobre la fuerza pública y los organismos de control migratorio.
La titular del órgano legislativo municipal dirigió una advertencia directa a la Dirección Nacional de Migración para que mantenga activadas todas las alertas en las zonas fronterizas y terminales aéreas.
"Exigimos a Migración que tome todos los recaudos y las alertas para que este señor no aparezca en alguna de nuestras fronteras o que se atreva a irse a alguno de nuestros aeropuertos", enfatizó Nayar. Asimismo, puntualizó que existiendo ya un mandamiento de arraigo y alerta migratoria, de concretarse una salida del territorio nacional, la culpa recaerá sobre dicha institución: "Si abandona el país, es responsabilidad compartida con Migración".
Nayar subrayó que Fernández debe someterse a la Justicia para responder ante la población por las supuestas irregularidades cometidas en la gestión pasada, en referencia a la investigación por la presunta malversación de unos Bs 191 millones.
"Este señor tiene que rendirle cuentas al pueblo cruceño, tiene que devolver centavo a centavo la plata que se han llevado", sostuvo.
Finalmente, la presidenta del Concejo instó al Ministerio Público y a las autoridades judiciales a ampliar las medidas precautorias para garantizar el resarcimiento al municipio. Solicitó que se anoten preventivamente todos los bienes que posee Fernández, así como los de sus colaboradores cercanos involucrados en los hechos investigados, asegurando que se aplicará "todo el peso de la ley".