La directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, reitera la obligación del Estado de actuar en casos de delitos graves como el estupro.
04/10/2024 6:50
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En un contexto de creciente preocupación por la trata y el tráfico de personas en Bolivia, Carola Arraya, directora general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, afirmó que el Estado no puede "mirar para un lado" ante delitos como el estupro, y que tiene la responsabilidad de actuar de oficio.
"Este proceso le corresponde como en todos los casos a la Fiscalía, que por ley debe investigar este tipo de hechos y verificar qué delito debe ser sancionado", subrayó Arraya.
El anuncio del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de que el Ministerio de Gobierno se apersonará en este proceso, ha generado expectativas en la sociedad. "Como entidad hemos determinado adherirnos a este proceso en el caso de Trata de Personas y Estupro (…) lo que se conoció es que primero se anuló la orden de aprehensión, también se definía el traslado de Tarija a Villa Tunari, lo que consideramos inaceptable desde el punto de vista de la víctima, que tiene domicilio en el departamento de Tarija", agregó Arraya.
La denuncia se centra en un caso ocurrido en 2018, donde se alega que el expresidente Evo Morales tuvo relaciones con una menor, identificada en documentos oficiales, cuando ella tenía 15 años, de iniciales E. S. N. V.
Las acusaciones indican que la menor fue "prácticamente forzada" a mantener relaciones con Morales mientras él era presidente, resultando en un embarazo. Esta denuncia fue impulsada por la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien ha denunciado supuestas obstrucciones en el proceso legal, incluido un alegato de protección del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hacia Morales.
“No es sólo un sindicado, aquí existen tres personas que están siendo procesadas por el delito de Trata de Personas, aquí hubo una vulneración del delito con conocimiento y participación de los padres, de la entonces menor. Es un delito que no puede quedar impune”, remarcó Arraya.
La controversia ha suscitado un intenso debate político y social, con diferentes sectores manifestando su postura. Opositores y miembros del bloque evista del MAS consideran que este tipo de hechos no pueden quedar impunes, mientras que la defensa de Morales rechaza las acusaciones, calificándolas de "inventadas".
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