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Durante la promulgación de la Ley 1779, el presidente advirtió que jueces en zonas fronterizas también enfrentan amenazas del crimen organizado y pidió fortalecer las condiciones para garantizar la independencia judicial.
19/10/2026 15:16
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El presidente Rodrigo Paz afirmó que su familia está en riesgo por las decisiones que tomó su Gobierno contra organizaciones criminales, entre ellas la vinculada a Sebastián Marset, y advirtió sobre las amenazas que enfrentan las autoridades encargadas de administrar justicia en Bolivia.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marsets, contra los criminales de alta alcurnia, pero también ustedes”, manifestó el mandatario durante el acto de promulgación de la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
Paz señaló que los jueces que trabajan en zonas fronterizas pueden quedar expuestos a intimidaciones de organizaciones criminales, incluso sin que exista un ofrecimiento económico o un contacto directo.
“Sé que un juez sufre en la frontera. Cuando el juez se encuentra indefenso, ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza. Ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia”, sostuvo.
El presidente describió las condiciones de seguridad de los jueces en esas regiones y advirtió sobre la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. “Solo les dicen: ‘Hacé la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro’”, afirmó.
En ese contexto, remarcó la necesidad de proteger la independencia judicial y lanzó una advertencia sobre la influencia de estas organizaciones en las decisiones de los tribunales: “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”.
La ley busca fortalecer al Órgano Judicial
Las declaraciones fueron realizadas durante la promulgación de la Ley 1779, que establece un procedimiento para recuperar y consolidar depósitos judiciales que no fueron reclamados dentro de los plazos legales.
Los recursos que sean consolidados podrán destinarse a tres áreas: tecnología, infraestructura y personal de apoyo jurisdiccional, con el objetivo de mejorar la atención a los litigantes y reducir la carga de trabajo de los jueces.
Paz sostuvo que el fortalecimiento institucional debe acompañarse de una reforma judicial y de mayores garantías para quienes imparten justicia. También anunció que su Gobierno busca impulsar ese proceso desde enero de 2027, con la participación de profesionales bolivianos e internacionales.
Durante su intervención, el mandatario vinculó la corrupción dentro del sistema judicial con las dificultades para investigar delitos y proteger a las víctimas.
“Qué difícil es pelear contra la corrupción cuando llegas a un sistema judicial que encubre la corrupción”, expresó.
La promulgación de la ley se enmarca en la propuesta gubernamental de fortalecer la independencia, la transparencia y las condiciones de trabajo del Órgano Judicial frente a la corrupción y las amenazas del crimen organizado.