Un cartel del narcotráfico, es un grupo de personas sólidamente organizado que confabula contra las leyes y las autoridades nacionales e internacionales, para traficar a gran escala sustancias controladas con capacidad para ejercer un control estricto en la cadena de acopio, fabricación, transporte y comercialización de las drogas; y a partir de ese concepto es que se cataloga al Primer Comando del Uruguay “PCU” como un cartel, el mismo que esta liderado por Sebastián Marset, quien el 29 de julio del presente año burló un operativo policial probablemente anunciado.
A partir de esa fecha las autoridades del ministerio de gobierno, del ministerio público y policiales, han realizado allanamientos, incautaciones, detenciones y distintas acciones en contra del patrimonio del cartel pero sin resultado en la captura del prófugo quien se mantiene en la clandestinidad evitando enfrentamientos armados con la policía.
La intensificación de los operativos no intimida a la organización criminal, considerando que es un cartel que cuenta con características de infraestructura y organización que permanece casi intacta lamentablemente por un pésimo enfoque para enfrentar la lucha contra las drogas. Pero el problema no son las leyes sino el factor humano que forma parte de un sistema corrompido, con personalidades sin vocación de servicio, sin honradez ni transparencia, y de mantenerse así, sin la readecuación de políticas, sin reorganización ni rearticulación, no cabe duda, que la búsqueda de Sebastián Marset pasara a manos de la próxima gestión de gobierno y así sucesivamente hasta que las circunstancias provoquen su debilitamiento como cartel influyente en la región. Por ahora seguirán los operativos frente a una organización criminal fuerte que cuenta con capacidades de seguir manejando el comercio de la cocaína moviendo miles de millones de dólares, en alianza con otros carteles que operan en los tres grandes polos de poder del narcotráfico, (Santa Cruz-Chapare y El Dpto. del Beni) cada uno controlado por capos diferentes que trabajan de manera coordinada. Desmontar los carteles que están en territorio boliviano no es tarea fácil, por ello el gobierno debe dar un nuevo enfoque a la guerra contra las drogas, trabajando en conjunto con los organismos internacionales, al mismo tiempo debe reorganizar a la fuerza anti droga y a los principales puestos de alta jerarquía en la policía con personal clasificado por su capacidad y no así por afinidad política, sin descuidar la reformulación de las leyes 913, 903, 1008 y el DS 3434.
Finalmente dejar en claro que Bolivia no solo es un país "de tránsito" de la droga si no también es un país en el que se almacena, se procesa y se distribuye. El gobierno tiene en sus manos la decisión para dejar un precedente de reivindicación y dignidad frente al crimen organizado o dejar una historia de fracaso, miedo y resignación.
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