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El jurista José Luis Santistevan aclara que la medida mantendrá la estructura orgánica policial sin vulnerar el marco de la Constitución Política del Estado.
21/10/2026 22:58
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En medio del debate sobre la eficacia frente a la delincuencia, el constitucionalista José Luis Santistevan afirmó que la modificación de la norma es viable, señalando que “para que el gobernador sea nombrado comandante, se llame gobernador y comandante del departamento, solo se necesita modificar la ley 264 de seguridad ciudadana”.
En este sentido remarcó que con este ajuste legal y la voluntad del nivel central, la máxima autoridad departamental podría ejercer atribuciones directas en la protección de los ciudadanos sin vulnerar la Constitución.
Para hacer efectiva esta medida, el experto precisó los ámbitos de acción de cada nivel de gobierno para evitar equivocaciones institucionales. “Primero hay que distinguir bien lo que es la seguridad del estado y lo que es la seguridad ciudadana; la seguridad del estado está como una competencia privativa del nivel central”, remarcó el especialista al detallar la diferenciación de funciones.
La iniciativa se limita exclusivamente a la ejecución de planes para combatir la criminalidad cotidiana en cada región. “La gobernación tiene o debe tener un plan de seguridad ciudadana departamental que no incluye los delitos de lesa humanidad, solo incluye lo que es protección a la propiedad privada”, aclaró Santistevan respecto a las competencias territoriales.
Respeto a la estructura orgánica e institucional
El jurista remarcó que esta asignación de funciones no interfiere en la jerarquía ni en los reglamentos de la institución policial. “El gobernador no tendría nada que ver con los rangos, ascenso, entre otros, no estamos hablando de la parte orgánica institucional de la policía”, enfatizó para desligar la propuesta de cualquier interferencia administrativa interna.
Actualmente, las instancias autónomas se limitan a transferir recursos económicos sin contar con poder de decisión sobre las estrategias territoriales. “En la ley 264 han puesto a la gobernación y la alcaldía sólo para poner plata a la policía, pero el gobernador no reglamenta ni ejecuta nada actualmente”, destacó el constitucionalista sobre el esquema normativo vigente.
El ajuste del decreto reglamentario y de la norma marco permitiría otorgar mando operativo directo de forma inmediata a los gobernadores. “Con la modificación de la ley 264 y del decreto supremo, el gobernador asumiría el rol de ser el comandante para ejecutar los planes de seguridad ciudadana”, concluyó Santistevan al destacar la ruta técnica necesaria.