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Mientras la CEPB pide concertación y medidas equilibradas para no arriesgar la provisión de servicios, la CNC rechaza tajantemente la propuesta recordando las pérdidas de 3.000 millones de dólares por los recientes bloqueos.
13/07/2026 15:42
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El sector empresarial organizado del país se pronunció ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre la posible implementación de un decreto que obligue a diferir el pago de servicios básicos y prohíba el corte de estos por falta de pago. A través de pronunciamientos emitidos este lunes 13 de julio, tanto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) advirtieron que una medida de esta naturaleza pone en serio peligro la liquidez de las empresas, la provisión de los servicios y miles de fuentes de empleo.
Ambas instituciones coinciden en que el sector privado ya arrastra un desgaste financiero estructural debido a las crisis políticas y sociales recientes, por lo que transferirles el costo de las políticas de protección social resulta insostenible.
CNC: "No se puede trasladar al privado el costo de una crisis que no provocó"
La Cámara Nacional de Comercio expresó un firme e intransigente rechazo a la iniciativa estatal. Desde su perspectiva, obligar a las firmas privadas a financiar este diferimiento es inviable, especialmente tras los 53 días de bloqueos que le costaron al empresariado pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares.
La CNC enfatizó que las empresas actualmente realizan enormes esfuerzos para cumplir con sus obligaciones corrientes, tales como salarios, impuestos, créditos y proveedores.
"Las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no pueden ser financiadas a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento. La recuperación económica no se construye debilitando al sector privado, sino fortaleciéndolo", sentenció la CNC en su posición institucional.
CEPB: Llamado al diálogo, el equilibrio y la sostenibilidad
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) adoptó una postura de concertación, aunque igualmente crítica. Si bien el organismo coincidió en que los últimos conflictos políticos han dañado la economía de las familias y hacen necesarias medidas de alivio, remarcó que estas no pueden aplicarse de forma unilateral ni desmedida.
La CEPB recordó que gran parte de los servicios básicos en el país son administrados o provistos por cooperativas locales y empresas privadas, cuyo flujo financiero se vería directamente golpeado, afectando la calidad y continuidad del suministro a la población.
"Cualquier decisión política que limite el flujo financiero de las empresas y disminuya su capacidad operativa va a poner en riesgo la calidad y continuidad de los servicios que recibe la población, generando más problemas de los que pretenda resolver", advirtió la Confederación.
Ante este panorama, la cúpula empresarial demandó al Ejecutivo nacional abrir espacios de diálogo para alcanzar decisiones coordinadas, técnicamente sustentadas y consensuadas "sin exclusiones ni privilegios", evitando medidas dispersas que alivien a unos sectores en detrimento de otros.
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