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Los casos involucran a instituciones públicas y serán sometidos a procesos de investigación para determinar responsabilidades.
10/11/2026 11:57
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó sobre dos investigaciones por presuntos hechos de corrupción en instituciones públicas. El primer caso está relacionado con cobros irregulares a funcionarios y proveedores del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Potosí, mientras que el segundo involucra el desembolso de más de Bs 95 millones de la Caja Nacional de Salud (CNS) mediante la modalidad de fondos en avance.
En el caso del INE Potosí, la investigación comenzó a partir de una denuncia anónima recibida en junio de 2025, que alertaba sobre supuestos cobros de aportes a funcionarios de esa institución, presuntamente destinados a financiar actividades de campaña política.
A partir de esa información, el Viceministerio realizó un rastreo financiero y patrimonial de dos exautoridades: la entonces administradora departamental y el exencargado del INE Potosí, identificado como Hernán Arcibia.
Según García, en las cuentas de la exadministradora se identificaron más de Bs 580.000 en movimientos económicos que no corresponden a sus ingresos laborales. De ese monto, aproximadamente Bs 300.000 habrían provenido de otros funcionarios del INE y más de Bs 200.000 de personas que fueron proveedoras de la institución.
“Es decir que la entonces Administradora del INE Potosí ha venido recaudando dinero de su propio personal hasta en un monto superior a 300 mil bolivianos”, afirmó.
Además, la investigación identificó dos bienes inmuebles que no figurarían en su declaración jurada de bienes y rentas, así como dos cuentas bancarias no declaradas que suman más de Bs 190.000.
En el caso del exencargado Hernán Arcibia, se detectaron Bs 135.000 que presuntamente procederían de recaudaciones al personal y dos inmuebles en la zona de Villa Copacabana, en Potosí, que tampoco habrían sido declarados.
Por estos hallazgos, el Viceministerio presentó una denuncia penal contra ambas exautoridades y otros dos funcionarios que presuntamente operaban como recaudadores. Los delitos investigados incluyen enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas y concusión.
García indicó que la denuncia también solicita medidas para asegurar la presencia de los investigados en el proceso, además de la anotación de sus bienes y el congelamiento de los recursos identificados.
CNS: investigan desembolso de Bs 95 millones mediante fondos en avance
El segundo caso está relacionado con operaciones realizadas en la Caja Nacional de Salud durante 2023. De acuerdo con un informe de la Contraloría General del Estado y una auditoría interna, se habrían entregado más de Bs 95 millones mediante cinco cheques a funcionarios, bajo la modalidad de fondos en avance.
El viceministro cuestionó que este mecanismo fuera utilizado para realizar compras de medicamentos e insumos, debido a que está previsto para gastos menores, urgentes y extraordinarios, no para reemplazar los procedimientos de contratación pública.
“Jamás, jamás podría ser admisible que se efectúen contrataciones públicas como fondos en avance”, sostuvo García.
Como ejemplo, mencionó que uno de los funcionarios, Constantino Carlos Colque Huarachi, habría recibido dos cheques: uno por más de Bs 40 millones y otro por más de Bs 2 millones.
La autoridad señaló que no se habría acreditado la existencia de una emergencia que justificara la entrega de esos recursos. Además, explicó que, aunque existirían compras aparentes, no se cuenta con una verificación física que permita confirmar que los medicamentos e insumos fueron efectivamente adquiridos.
“Existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que efectivamente se hayan adquirido esos medicamentos y esos insumos”, manifestó.
La denuncia penal fue formalizada en coordinación con la dirección de la CNS y está dirigida contra quienes integraron el directorio y las cuatro personas que habrían sido beneficiadas con los desembolsos. Asimismo, el Gobierno solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar el rastreo de los Bs 95 millones para establecer el destino de los recursos.
García también reveló que estos hechos ya habían sido denunciados aproximadamente un año atrás, pero que un fiscal emitió un rechazo. Ante esa situación, el Viceministerio anunció que objetará esa decisión y abrirá una línea investigativa sobre posibles favorecimientos dentro del sistema de administración de justicia.
Viceministerio recibió 65 denuncias contra instancias judiciales
En la misma conferencia, García informó que el Viceministerio de Transparencia recibió 65 denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción en distintas instancias del sistema de administración de justicia.
Del total, 25 corresponden a autoridades judiciales, 13 a funcionarios del Consejo de la Magistratura y Derechos Reales, 24 a fiscales y tres a funcionarios de la Policía Boliviana.
La autoridad anunció que en los próximos días se habilitará una nueva plataforma para facilitar la recepción de denuncias por presuntos hechos de corrupción en todas las entidades públicas, tanto del nivel central como de gobernaciones, alcaldías y otras instancias estatales.