Para el economista Fernando Romero, acudir al FMI o buscar fuentes alternativas de financiamiento externo debe evaluarse bajo criterios técnicos y no ideológicos.
18/06/2026 15:52
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Bolivia atraviesa un escenario macroeconómico complejo debido a la limitada disponibilidad de divisas y un deterioro agravado por los conflictos sociales y bloqueos, que han dejado pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares. Ante esta coyuntura, el economista Fernando Romero sostiene que una eventual unificación del tipo de cambio en el país es técnicamente viable, aunque advierte que su éxito dependerá de un programa económico integral y de un colchón importante de liquidez externa.
Según detalla el analista, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país se sitúan en aproximadamente 3.818 millones de dólares; sin embargo, apenas alrededor de 755 millones corresponden a divisas de libre disponibilidad, estando el resto compuesto principalmente por oro y otros activos. Esta baja liquidez dificulta el proceso, por lo que recurrir a financiamiento externo —incluyendo un eventual programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— surge como una alternativa que debe analizarse desde un enfoque pragmático y no ideológico.
Los pros y contras de acudir al FMI
Romero identifica que un crédito con el FMI traería beneficios inmediatos, como el fortalecimiento de las reservas para respaldar la transición cambiaria, la reducción de la especulación y un "efecto confianza" positivo para atraer a otros inversionistas y mercados financieros. Además, destaca que el organismo suele ofrecer plazos más largos y tasas de interés inferiores a las de los bonos soberanos.
En la otra cara de la moneda, el economista señala que un programa de este tipo exige compromisos de política económica orientados a corregir los desequilibrios fiscales, lo que podría traducirse en ajustes graduales a los subsidios o al gasto público, con el consecuente costo político y social.
Respecto a la postura de sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), que rechazan acudir al FMI por razones de soberanía, Romero indica que es una decisión política legítima, pero recuerda que prescindir de este organismo obligará al país a conseguir recursos equivalentes mediante un fuerte impulso a las exportaciones, inversión extranjera o créditos de otros organismos multilaterales. De no lograrse, el proceso de estabilización será considerablemente más lento, complejo y mantendrá la presión sobre el mercado cambiario.
¿Cómo afectaría la unificación al ciudadano común?
De aplicarse la medida, la economía volvería a operar con un solo tipo de cambio, eliminando la actual brecha entre el dólar oficial (Bs 6,96) y los mercados paralelos. Esto simplificaría el comercio y los pagos internacionales. Sin embargo, Romero advierte sobre efectos en el corto plazo:
Costo de vida: Si el nuevo tipo de cambio unificado converge a un valor superior al oficial histórico, se generará una inflación inicial debido al encarecimiento de productos e insumos importados (como alimentos procesados, tecnología y repuestos).
Pensiones y pagos del Estado: El analista aclara que las jubilaciones administradas por la Gestora Pública, así como la mayoría de los salarios públicos y bonos sociales, se pagan en bolivianos y no están indexados al dólar, por lo que sus montos nominales no variarían. No obstante, sus beneficiarios sí podrían ver afectado su poder adquisitivo real si la inflación llega a dispararse.
Obligaciones estatales: El servicio de la deuda externa y las importaciones estratégicas de combustibles y medicamentos sí verían modificado su costo en moneda nacional.
A modo de conclusión, Fernando Romero enfatiza que el financiamiento externo —venga del FMI o de cualquier otra fuente— es solo un alivio temporal y no una solución mágica.
"El verdadero desafío para el país consiste en recuperar su capacidad de generar dólares mediante mayores exportaciones, atracción de inversiones, disciplina fiscal y estabilidad institucional", puntualiza el especialista, señalando que la resiliencia económica de Bolivia dependerá de políticas coherentes que dejen de lado las posturas ideológicas y apunten a la sostenibilidad a largo plazo.
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