Universitarios proponen proyecto para fortalecer los derechos de la niñez en procesos de divorcio

Luis Irusta tenía apenas tres años cuando sus padres se separaron. Los años siguientes, los que debieron estar marcados por juegos y afecto, se convirtieron en una larga sala de espera judicial. Desde temprana edad Luis fue testigo de todo: de las disputas legales, de las palabras hirientes que lanzaban de un adulto al otro y, sobre todo, del vacío afectivo que fue creciendo entre él y sus padres.

Con el tiempo, y gracias a un proceso terapéutico que no todos los niños en su situación logran recibir, pudo reconstruir su propia historia sin que el rencor lo devorara. Pero la herida, aunque curada, dejó una marca imborrable. 

Hoy, ya en su etapa universitaria y acompañado por su colega José Franco, Luis ha decidido convertir aquella experiencia y desarrollar una propuesta concreta: un proyecto de modificación normativa que busca garantizar la protección emocional de los menores involucrados en procesos de guarda y custodia en Bolivia. Porque, como él mismo sostiene, no hay salud posible sin salud mental, y ningún niño debería atravesar una guerra que nunca eligió luchar.

Luis Irusta y José Franco son dos jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, que han decidido dar un paso más allá de las aulas. Ambos son los autores de la propuesta de modificación de la Ley 548, y buscan aportar soluciones concretas a una problemática actual. 

“El proyecto lleva por nombre: Proyecto de modificación de los artículos 60 y 61, de la ley 548, Código niña, niño y adolescente, para precautelar la salud mental de las niñas, los niños y adolescentes que son parte de un proceso de guarda y/o tutela”, explica Irusta.

El proyecto consiste en una propuesta para modificar dos artículos de la Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, que habla sobre la vigencia, seguimiento y las previsiones a la hora de proceder con un proceso de guarda o tutela. 

Según Irusta, esta modificación, básicamente es para precautelar la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, que son parte de un proceso de divorcio. De la misma manera, la propuesta busca imponer una obligación de control a los padres y/o tutores, que estén en proceso o que hayan sido parte de un proceso de divorcio. 

“Lo que básicamente estamos proponiendo es, dentro de la vigencia y seguimiento, establecer que los padres no pueden delegar la tutela o la guarda. Así mismo estamos prohibiendo, mediante el artículo 61. añadiendo algunos parágrafos, el hecho de que los padres omitan los análisis psicosociales que se le tienen que realizar al menor, u omitan las visitas psicosociales a los hogares donde los menores están puestos por la guarda o tutela”, destaca Irusta.

Los futuros abogados decidieron enfocar su trabajo de investigación en una de las problemáticas sociales más delicadas: la vulnerabilidad de los niños y adolescentes durante la disolución del vínculo matrimonial de sus padres. Tras meses de estudio, análisis desde la experiencia y revisión legal, el equipo presentó una propuesta concreta que busca generar un impacto real. El objetivo es garantizar un enfoque más equitativo y protector de los derechos de los menores en casos de divorcio, especialmente en lo relacionado a las responsabilidades parentales.

“Se ha buscado evidencia para poder factorizar todo lo relacionado con el tema de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, que se ve afectada durante los procesos de guarda y tutela, que es uno de los procesos judiciales donde los niños se ven muy envueltos a raíz de que los padres tienen que, por decirlo así, batallan la guarda o la tutela de los menores. Por estos aspectos, los menores desarrollan traumas sobrevenidos”, destaca Franco. 

El proyecto plantea modificaciones sustanciales y un esquema de corresponsabilidad parental que priorice el interés superior del niño. También establece mecanismos que garanticen el bienestar físico, emocional y psicológico de manera integral.

 “Mis padres se divorciaron a mis tres años de edad. A raíz de eso, desde que yo tenía prácticamente cuatro años hasta mis nueve o diez años, ellos estuvieron en la disputa legal de mi guarda. Y durante todo el proceso yo me vi muy envuelto en ello, donde no solamente veía a mis padres discutir, lamentablemente también mis padres cometieron el error magnánimo, un craso error, de influenciarme, hablándome mal de uno para el otro”, recuerda Irusta.

La ruptura familiar o el divorcio tienen un impacto significativo en los jóvenes, afectando su bienestar emocional, social y académico. Un estudio de la American Psychological Association sostiene que los jóvenes de familias divorciadas tienen un mayor riesgo de comportamientos de riesgo, como consumo de alcohol o drogas. También conductas como: rebeldía o conflictos con figuras de autoridad, como padres o profesores.

Según Franco, hay muchos jóvenes que se ven involucrados en temas de drogas, en violencia, en delincuencia incluso, a raíz de la ruptura familiar que han tenido a temprana edad. Y lo que busca el proyecto es precautelar a los menores para que ellos puedan tener un desarrollo óptimo en la sociedad.

“Si bien se pudo evidenciar, que existe un vacío legal en donde no se le daba la responsabilidad explícita, es decir, no estaba tipificado la responsabilidad hacia los padres de precautelar la salud mental de los menores”, explica Irusta.

Con esta propuesta, Luis y José demuestran que la formación académica puede transformarse en una herramienta de cambio, porque desde la experiencia los jóvenes universitarios buscan generar una transformación real para las familias que enfrentan la ruptura de un vínculo conyugal sin que ello signifique la ruptura del vínculo afectivo con los hijos.