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El Ministerio Público analiza el uso de biometría familiar o explosivos para ingresar a la cámara oculta en la residencia.
09/11/2026 20:44
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La Justicia paraguaya reanudó los operativos de registro en la lujosa propiedad del expresidente Santiago Peña, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso del banco digital Ueno Bank, de acuerdo a lo que reporta el portal Infobae. Las autoridades judiciales intentan acceder a una cámara acorazada de procedencia israelí descubierta tras un muro falso durante la inspección del inmueble.
El pasillo oculto conduce a una estructura equipada con avanzados mecanismos de verificación que incluyen biometría de iris, lectura dactilar y claves complejas. Aunque la comitiva policial logró franquear un primer portón de acceso, la segunda barrera de protección bloqueó completamente el avance del personal especializado.
Frente al bloqueo informático y mecánico, el equipo investigador analiza la posibilidad de recurrir a biometría de allegados directos o a la asistencia de técnicos en seguridad de alto nivel. La presencia de la exprimera dama Leticia Ocampos se contempla como una alternativa práctica para verificar si sus datos oculares están registrados en la memoria del sistema.
Asimismo, los peritos sopesan la ejecución de una detonación controlada mediante especialistas en demolición si las vías tradicionales de apertura resultan ineficaces. No obstante, esta maniobra requiere un cálculo preciso al situarse la bóveda debajo de una piscina en un terreno de topografía elevada.
Evidencias y financiamiento bajo la lupa
En las habitaciones contiguas a la estructura blindada, la comisión fiscal logró incautar computadoras, dispositivos de almacenamiento informático y documentación relevante para el expediente penal. Se presume que el recinto fortificado podría haber sido diseñado originalmente como una habitación de pánico o un espacio de resguardo de valores.
El inmueble levantó sospechas previas debido a que su construcción se financió mediante préstamos otorgados por la propia entidad financiera intervenida durante la gestión presidencial del exmandatario. Los pagos mensuales exigidos por dichos créditos superaban ampliamente los ingresos oficiales correspondientes al cargo del Jefe de Estado.
La crisis política se desató tras la intervención del Banco Central a la firma digital, acción que dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de usuarios en Paraguay. A esto se sumó la alerta por la colocación de millonarios fondos de pensiones del sistema de previsión social en la entidad colapsada.
El Poder Legislativo determinó la destitución del mandatario mediante un juicio político relámpago, permitiendo la inmediata asunción de la representación ejecutiva por parte de la vicepresidencia. Tras concretarse su destitución, la orden de prisión preventiva derivó en su reclutamiento en una unidad militar capitalina, mientras la Fiscalía cuantifica el posible impacto económico del caso.