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La medida endurece el proceso judicial y refleja el cambio de estrategia de Washington frente a las grandes organizaciones criminales transnacionales.
30/06/2026 10:37
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De acuerdo con un análisis publicado por el medio DefOnline, la Fiscalía de Estados Unidos incorporó el delito de narcoterrorismo a la acusación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, una decisión que cambia el rumbo de su proceso judicial y evidencia el endurecimiento de la política estadounidense frente a las organizaciones criminales transnacionales.
Los fiscales federales consideran que la estructura presuntamente liderada por Marset no solo se dedicaba al tráfico internacional de drogas, sino que reunía características que permiten encuadrarla dentro de una figura penal reservada para organizaciones consideradas una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Qué es el delito de narcoterrorismo?
El narcoterrorismo es una figura contemplada en la legislación estadounidense que permite perseguir penalmente a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas cuando sus actividades incluyen el uso sistemático de la violencia, la intimidación o acciones que trascienden el delito común y afectan la seguridad nacional o los intereses de Estados Unidos.
Durante los últimos años, Washington reforzó esta estrategia tras catalogar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplió las herramientas legales para investigar, procesar y sancionar a sus integrantes.
En ese contexto, la incorporación de este delito al expediente contra Marset representa un cambio sustancial en el enfoque de la causa. Ya no se lo investiga únicamente como presunto narcotraficante, sino también como integrante y presunto líder de una organización cuya actividad podría ser considerada una amenaza de carácter terrorista.
¿Por qué Estados Unidos acusa a Marset de narcoterrorismo?
Según la acusación de la Fiscalía, Marset encabezó una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, al lavado de dinero y a la coordinación de operaciones ilícitas en distintos países de Sudamérica.
Los investigadores sostienen que la estructura utilizó rutas internacionales para abastecer mercados en Europa y otros continentes, además de implementar mecanismos financieros destinados a ocultar el origen del dinero obtenido mediante el narcotráfico.
Para los fiscales, la dimensión de la organización, su capacidad operativa y el presunto uso de la violencia constituyen elementos suficientes para incorporar el delito de narcoterrorismo al proceso.
¿Quién es Sebastián Marset?
Sebastián Marset nació en Montevideo y comenzó su trayectoria criminal vinculado al tráfico internacional de drogas.
Con el paso de los años, las investigaciones lo identificaron como uno de los principales líderes del denominado Primer Cártel Uruguayo, una organización señalada por enviar cargamentos de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa mediante complejas redes logísticas y financieras.
Su nombre adquirió notoriedad internacional en 2022, cuando logró abandonar Dubái tras obtener un pasaporte uruguayo mientras permanecía detenido. Posteriormente fue ubicado en Bolivia, donde también logró escapar de un operativo policial antes de permanecer prófugo durante varios años.
Además del narcotráfico, fue investigado por presuntos vínculos con redes de lavado de activos y por su supuesta relación con organizaciones criminales que operan en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, entre ellas el Primeiro Comando da Capital (PCC).
¿Qué puede ocurrir ahora?
La incorporación del delito de narcoterrorismo no supone una condena automática, sino una ampliación de la acusación que deberá ser debatida y sustentada durante el proceso judicial.
Si la Fiscalía consigue demostrar los elementos necesarios para sostener este cargo, Marset podría enfrentar penas considerablemente más severas que las previstas para los delitos tradicionales de narcotráfico y lavado de dinero.
El caso también será observado de cerca por otros países de la región, ya que podría convertirse en un precedente para futuras investigaciones contra organizaciones criminales latinoamericanas con operaciones internacionales.
Más allá de la situación particular de Marset, la nueva acusación confirma un cambio en la política criminal de Estados Unidos: los grandes narcotraficantes ya no son perseguidos únicamente como líderes de redes dedicadas al tráfico de drogas, sino también como posibles amenazas a la seguridad nacional bajo figuras jurídicas propias de la lucha contra el terrorismo.
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