Según el contrato suscrito, se estima que la instalación de las plantas requerirá al menos seis años antes de operar a plena capacidad y generar 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología EDL.
09/07/2025 10:35
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La indignación crece entre las organizaciones sociales, comunidades indígenas y ciudadanía potosina ante los contratos firmados entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y las empresas extranjeras Uranium One Group (Rusia) y Hong Kong CBC Investment Ltd. (China), para la explotación e industrialización del litio boliviano. Diversos sectores denuncian una serie de irregularidades, impactos ambientales y sociales, además de condiciones contractuales que consideran lesivas para los intereses del país y, particularmente, para el departamento de Potosí.
1. Tecnología sin transferencia real ni mano de obra local
Uno de los puntos más cuestionados es la supuesta transferencia tecnológica. Las empresas extranjeras traerán, instalarán y operarán sus propias maquinarias durante al menos dos décadas. Cuando entreguen los equipos a YLB en 20 años, ya no habrá técnicos bolivianos capacitados para operarlos. Solo nos dejarán chatarra y dependencia.
2. Explotación de minerales sin compensación
Si bien el interés principal es el carbonato de litio, los contratos permitirán que las compañías extranjeras también se lleven otros siete minerales valiosos presentes en la salmuera del salar: cloro, sulfatos, sodio, boro, potasio, calcio y magnesio.
3. Riesgo de colapso hídrico en comunidades
La tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) requiere grandes volúmenes de agua dulce. Las únicas fuentes cercanas están en Caiza y Río Grande. Los comunarios alertan que, en menos de siete años, estos pueblos podrían quedar completamente deshabitados por falta de agua.
4. Falta de consulta previa y consentimiento
Las comunidades afectadas denuncian que el gobierno ha ignorado la consulta previa, libre e informada, violando derechos constitucionales y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
5. Ubicación estratégica sin transparencia
Las plantas se instalarán en el Delta del Río Grande, zona de alta riqueza de litio, según estudios de los años 90. Para los potosinos, la elección de ese sitio no es casual.
6. Dudas sobre regalías y responsabilidades
YLB figura como la única responsable del pago de regalías al departamento, lo cual genera sospechas.
7. Regalías consideradas ‘una burla’
El 3% establecido como regalía minera es considerado un insulto por los potosinos. Exigen un porcentaje mínimo del 10%, similar al aplicado en el sector de hidrocarburos.
8. Cláusulas leoninas e irreversibles
Los contratos incluyen penalidades severas en caso de que Bolivia modifique condiciones futuras. Si el Estado decide cambiar los términos, deberá pagar todas las inversiones de las empresas, no en dinero, sino en mineral.
9. Confidencialidad y multas impuestas
Los términos relacionados con precios y distribución de ganancias son confidenciales. Cualquier intento de divulgación será sancionado con multas, también pagaderas en litio.
10. Impacto paisajístico y cultural
Finalmente, los potosinos alertan sobre el daño irreparable al Salar de Uyuni, una joya natural de valor paisajístico, turístico y cultural.
Según el contrato suscrito, se estima que la instalación de las plantas requerirá al menos seis años antes de operar a plena capacidad y generar 49.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología EDL. El Gobierno nacional insiste en que la industrialización requiere avanzar con estos acuerdos, para lo cual necesita la aprobación legislativa. Sin embargo, en Potosí, la resistencia social va en aumento.
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