Luego de 10 horas de audiencia a puertas cerradas, el juez rechazó varios de los peligros procesales.
29/05/2020 9:34
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El juez Anti-corrupción Segundo, Richard Rodríguez, determinó detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes por el caso adjudicación de comida, además de la fianza de Bs. 150.000 y derecho al trabajo.
El juez dispuso que el secretario general Elías Vásquez y el jefe Jurídico de Contrataciones, Mario Querejazu fueron liberados, también determinó arraigo y una fianza de Bs. 150.000.
Dictaminó libertad irrestricta para el secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero.
“Han intentado acusarme de pago por no cumplir mis deberes, de ladrón por conducta antieconómica y varios delitos y estoy saliendo (…) Demostré mi inocencia, jamás he tenido una mancha en mi carrera y no la tendré”, indicó Cordero al salir del juzgado.
El Ministerio Público imputó al alcalde Leyes por la presunta comisión de cuatro delitos, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Dentro de las investigaciones del caso “adjudicación de comidas” la comisión de fiscales indaga el contrato por 488 millones de bolivianos que se habría hecho a la empresa que repartió alimentos a militares y policías, sin adjuntar el Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE).
“El Ministerio Público no está de acuerdo con esta determinación y ha formulado la apelación (…) El juez ha dispuesto que se repitan los antecedentes ante la sala penal de tuno, para que resuelva esa apelación (…) Ayer se encontró en el domicilio del señor José María Leyes un arma de fuego, en virtud a ello hay un hecho en flagrancia”, señaló la fiscal de materia, Faridy Arnéz.
Pese a que se le otorgó la detención domiciliaria a Leyes, al salir del juzgado fue nuevamente aprehendido y trasladado hasta los ambientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por posesión de armas.
El abogado del alcalde, Jimmy Almanza, denunció abusos y arbitrariedad. “No correspondía hacer una acción directa y remitirlo al Ministerio Público en calidad de aprehendido, mucho menos una imputación formal. Lo ilógico e irracional es que en la tarde nos enteramos que la fiscal que conoce el caso recién saca una resolución de aprehensión por portación ilegal de armas”, indicó.
Almanza denunció que pretenden mantener detenido de forma preventiva al alcalde, con una medida que lo aleje de sus funciones como máxima autoridad del municipio.
Sobre el tema, el delegado del defensor del pueblo, Nelson Cox, señaló que las aprehensiones fueron excesivas. Sostuvo que la detención preventiva en tiempos de pandemia debe de cuidarse y aseveró que los temas administrativos tienen otro tratamiento.
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