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La disputa se intensificó tras la aprobación del Reglamento del Carnaval 2027, mientras persisten las dudas sobre los ingresos y la administración de los recursos.
26/10/2026 11:28
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La organización del Carnaval de Oruro 2027 atraviesa un escenario de tensión entre la Alcaldía, la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro (ACFO) y el Comité de Etnografía y Folclor. El conflicto gira en torno a la administración del evento, la transparencia de los recursos económicos y la aplicación del reglamento aprobado por el alcalde Iván Quispe Gutiérrez.
Ascanio Nava, expresidente de la ACFO, afirmó que la asociación lleva 17 años sin presentar informes económicos de carácter público y estimó que durante ese periodo se habrían manejado alrededor de $us 9 millones. Aclaró que la cifra es aproximada, debido a que actualmente no se conocen públicamente los montos de los contratos y otros ingresos de la institución.
“Lo que se está viviendo en este momento es una reacción de Oruro, no solamente del alcalde. Suficiente visitar las redes sociales para darnos cuenta que ya hay un clamor regional en cuanto a una transparencia de los manejos económicos de la Asociación de Conjuntos”, sostuvo Nava.
La rendición de cuentas, el centro del conflicto
La controversia se intensificó después de que el alcalde Iván Quispe anunciara la aprobación del Reglamento del Carnaval 2027, en medio de desacuerdos con los representantes de la ACFO. Tras una reunión interinstitucional que no logró resolver las diferencias, se registraron enfrentamientos verbales entre dirigentes, danzarines y personas que respaldaban las determinaciones municipales.
Quispe defendió la decisión de avanzar con la organización del carnaval y aseguró que su gestión busca transparentar el manejo de los recursos. “Si eso es delito, señores, si transparentar el carnaval, manejar los recursos de manera transparente es un delito, aquí estoy, crucifíquenme”, manifestó.
Nava respaldó la necesidad de cumplir las disposiciones legales sobre la organización del evento y cuestionó que durante casi dos décadas no se hayan difundido públicamente los informes económicos de la asociación. Según explicó, los reportes se habrían realizado de manera interna, pero eso no respondería a la obligación de transparentar los recursos vinculados al patrimonio público.
“No hay argumento jurídico. Tienen que someterse a lo que establece la ley”, afirmó al ser consultado sobre la justificación para no presentar rendiciones públicas de cuentas.
El exdirigente mencionó la Ley 602 de 1984, que establece responsabilidades compartidas entre la Alcaldía, la asociación de conjuntos y el Comité de Etnografía y Folclor en la organización y programación del carnaval. También hizo referencia al artículo 99 de la Constitución Política del Estado, al sostener que los recursos provenientes del patrimonio deben estar sujetos a regulación y fiscalización.
¿De dónde provienen los recursos del carnaval?
Nava explicó que los ingresos relacionados con el Carnaval de Oruro tienen distintas fuentes. Una corresponde a la comercialización de metros lineales, cuyos recursos se distribuyen mediante porcentajes entre la Alcaldía y la asociación. La otra comprende los ingresos que recibe directamente la ACFO por auspicios, patrocinadores, graderías, asientos y otros conceptos.
El expresidente señaló que la falta de información pública sobre estos últimos ingresos impide conocer con precisión cuánto dinero genera el evento y cómo se administran los recursos.
“Ahora es difícil, ¿por qué? Porque el manejo es completamente discrecional, no se conoce en cuánto se ha hecho los contratos con el sponsor”, sostuvo.
Como referencia, Nava recordó que durante su gestión, entre 2006 y 2008, los contratos con patrocinadores se hacían públicos y los ingresos se informaban de manera transparente. En ese periodo, según su relato, un auspiciador aportaba entre 40.000 y 50.000 dólares, mientras que los ingresos por graderías y metros lineales permitían alcanzar un movimiento de entre dos y tres millones de bolivianos, con rendición de cuentas.
En cambio, sobre los últimos 17 años, el exdirigente estimó que se habrían administrado alrededor de $us 9 millones. Sin embargo, reconoció que se trata de un cálculo aproximado, debido a la falta de información pública que permita verificar los montos.
La cifra fue planteada por Nava durante la entrevista y no corresponde a una auditoría o informe financiero presentado en ese espacio. Por ello, la determinación del monto real y el destino de los recursos requerirían documentación contable y una revisión de los contratos e ingresos.
La Alcaldía y la ACFO: ¿quién debe organizar el Carnaval 2027?
Pese a las diferencias, Nava consideró que la organización del Carnaval de Oruro no debería quedar exclusivamente en manos de la Alcaldía ni de la asociación, debido a que ambas instituciones tienen responsabilidades establecidas por la normativa.
Explicó que la ACFO tiene a su cargo la parte operativa vinculada con los conjuntos folclóricos, mientras que el municipio debe asumir tareas relacionadas con la infraestructura, la regulación y la administración general del evento.
“No nos olvidemos, César, que la Ley 602 tiene tres términos, hay que manejar tres conceptos bien claros y no es a capricho de quien lo interprete, están sumamente claros ahí, que es el de organizar, el de programar, que son responsabilidades de la asociación y la Alcaldía, y la coordinación con el Comité de Etnografía y Folclor”, señaló.
En ese sentido, Nava sostuvo que las diferencias podrían resolverse mediante el diálogo y una distribución clara de responsabilidades. A su juicio, el principal desacuerdo no se limita a quién organiza las actividades, sino a quién administra los recursos económicos del carnaval.
“Lo que se está peleando en este momento es quién asume la administración del carnaval”, afirmó.
El exdirigente agregó que la Alcaldía tiene atribuciones para establecer normas municipales y fiscalizar aspectos como la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, además de regular la comercialización y los auspicios vinculados al evento.